Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, se reservó hasta este domingo a las 8:00 de la noche la decisión sobre si impondrá o no medida de coerción a los integrantes de la red criminal “Caso Domo”, imputados de estafar más de RD$282 millones a empresas internacionales, entre ellas Netflix y Amazon, mediante fraudes y piratería digital. La magistrada, además, declaró el proceso como complejo.
La decisión fue tomada por la magistrada a las 5:00 de la tarde, para ponderar la solicitud del Ministerio Público, que pide 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Leonardo Alberto Casci Ocumárez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López, Víctor Luis Torres López, Leony Esmeralda Croes y Raúl Ernesto Guzmán, y que se declare complejo el proceso.
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También para valorar los alegatos de defensa presentados por los abogados de los acusados en esta estructura delictiva.
La audiencia de conocimiento de la medida de coerción inició pasadas las 11:00 de la mañana de este domingo.
El Ministerio Público aseguró que cuenta con 138 pruebas documentales, periciales y testimoniales para sustentar la acusación contra los imputados del Caso Domo. Entre ellas figura una sentencia emitida en Estados Unidos el 29 de diciembre de 2017, traducida y apostillada, que evidencia antecedentes y el modus operandi de esta organización criminal transnacional que operó durante varios años.
La acusación, encabezada por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, califica el proceso como “sin precedentes y altamente relevante”, ya que constituye un grave atentado contra la propiedad intelectual y afecta directamente a los creadores de contenido original. Según la investigación, el fraude supera los US$20 millones.
Las pesquisas revelan que los implicados movieron más de US$9.7 millones en una de las direcciones asociadas, realizaron depósitos superiores a RD$285 millones en cuentas locales y transfirieron más de US$1 millón en divisas extranjeras.
De acuerdo con el expediente, los acusados violaron la Ley de Derecho de Autor, la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio tanto del Estado dominicano como de compañías internacionales de entretenimiento.
El Ministerio Público precisó que las transacciones ilícitas se ejecutaron a través de bitcoins y transferencias bancarias nacionales e internacionales, lo que generó millonarias ganancias a esta red delictiva.
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