Caso Deivy Carlos Abreu Quezada: imputados podrían recibir 30 años de cárcel
Fiscalía los acusa de actuar como una turba para perseguir y matar a la víctima
Santo Domingo.- Los motoristas imputados de quitarle la vida a Deivy Carlos Abreu Quezada, tras propinarle varias estocadas mientras se encontraba en su jornada laboral, podrían enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión, en caso de ser hallados culpables, según lo establece el Código Penal dominicano.
El Ministerio Público les imputa cargos de asesinato con premeditación y acechanza. La premeditación implica la planificación previa de atentar contra una persona, incluso cuando el hecho dependa de alguna circunstancia o condición.
Los acusados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, a quienes se les atribuye asociación de malhechores para perseguir, interceptar y dar muerte a la víctima.
Abreu Quezada, quien se desempeñaba como conductor de un camión recolector de desechos, falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña.
Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago conocerá en las próximas horas la solicitud de medida de coerción consistente en prisión preventiva contra los imputados.
Asimismo, los familiares de la víctima adquieren derechos legales, incluyendo la posibilidad de presentar querella contra los acusados.
La sociedad comercial CORLUMSA informó la designación del abogado Melvin Velásquez Then como su representante legal, con el objetivo de dar seguimiento al caso. El jurista procederá a interponer querella contra todos los responsables para que se determinen las responsabilidades penales correspondientes y se garantice que el crimen no quede impune.
Avanza proceso judicial
Se espera que en las próximas horas se conozca la medida de coerción contra los imputados.
En una declaración reciente, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a los fiscales a presentar cargos preliminares por asesinato contra los responsables del crimen.
“Evidentemente debe imponerse la prisión preventiva, porque la conducta y el desenlace mortal evidencian una persecución con la intención de causar daño y matar, lo que constituye asesinato”, expresó la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña.
Las autoridades emitieron órdenes de arresto tras identificar a los implicados y determinar su participación individual en el hecho.
El Departamento de Violencias Físicas (Homicidios) de la Fiscalía de Santiago asegura contar con pruebas materiales, documentales y testimoniales suficientes para demostrar que los imputados actuaron como una turba criminal para acorralar y dar muerte a la víctima.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, Abreu Quezada conducía un camión recolector de desechos del ayuntamiento de Santiago por la Circunvalación Sur, en el sector Ensanche Bermúdez, cuando fue interceptado por uno de los motoconchistas, actualmente prófugo, quien junto a otros lo presionaba para que detuviera el vehículo tras un supuesto roce.
Al percibir la actitud violenta del grupo, la víctima decidió no detenerse. En respuesta, uno de los agresores colocó su motocicleta frente al camión para obligarlo a parar, pero Abreu continuó la marcha, arrastrando la motocicleta.
La persecución se extendió por varios kilómetros hasta que los agresores lograron interceptarlo en el Palacio de Justicia, donde la víctima intentó refugiarse. Sin embargo, fue alcanzado por la turba, que le ocasionó heridas mortales.
La Fiscalía presentó de manera provisional cargos por asesinato, asociación de malhechores y violación a la Ley de Armas.
Las pruebas videográficas muestran que los agresores actuaron en grupo, incitando a la violencia con expresiones como “mátalo, mátalo”.
El Ministerio Público también tiene en su poder el arma blanca utilizada en el crimen: un cuchillo de caza de color negro, con el cual uno de los imputados le causó una herida mortal en la pierna derecha.
Los imputados permanecen detenidos, a la espera de que se les conozca la medida de coerción, mientras las autoridades continúan la búsqueda de uno de los implicados, quien permanece prófugo.
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