Razones más que suficientes tuvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia para denunciar una posible maniobra del Gobierno para recortar, de manera muy sensible, parte del presupuesto de ese organismo.
En un sistema democrático hay que creer y defender, constantemente, la independencia de los poderes del Estado; y recortar, como planteó Jorge Subero Isa, 19 millones de pesos al mes, era una forma de atar a la Suprema Corte de Justicia y enviar, además, un mensaje equívoco a la sociedad dominicana y al mundo.
Con las oportunas declaraciones del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de que el Gobierno no reducirá las partidas al Poder Judicial, se le hace un gran servicio a la sociedad, sobre todo, se despejan dudas.
Las partidas que hagan falta en los planes de modificación del Presupuesto de 2011 podrán ser identificadas de otros renglones o mediante el recorte a otras instituciones que no dependan tan sensiblemente de un presupuesto, de por sí reducido, como el que actualmente tiene el Poder Judicial.
Todavía no queda claro si la reacción del Gobierno en cuanto al Poder Judicial fue fruto de la denuncia hecha por el presidente de la Suprema Corte de Justicia; o si nunca se contempló tocar el presupuesto de ese poder del Estado.
Lo que importa, sin embargo, es que el fugaz affaire se pueda considerar ya como un caso cerrado.
