SANTO DOMINGO. José Ángel Gómez (Jochi Gómez), señalado como uno de los responsables de las operaciones ilícitas de la estructura criminal de corrupción que operó en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), buscaba afectar el sistema de justicia dominicano.
Así lo establece la acusación del Ministerio Público contra los imputados del Caso Camaleón.
El documento detalla que Jochi Gómez cometió espionaje judicial con documentos falsos en perjuicio de los jueces Keila Pérez, Elías Santini y Arisleida Méndez, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, así como de otros servidores de ese tribunal.
El imputado, utilizando recursos tecnológicos y personal, realizaba la recopilación y vigilancia de información sensible vinculada al sistema de justicia, con el objetivo de obstruir la justicia en detrimento del Estado dominicano y su administración judicial.
La acusación indica que Jochi Gómez es penalmente responsable de posesión y modificación ilegal de armas de fuego tipo fusil de uso restringido, de uso de documentación falsa, Espionaje judicial, y obstrucción de la justicia.
Desvío de Fondos y Pruebas del MP
El imputado, a través de sus empresas con contratos obtenidos de manera irregular (Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange), recibió fondos que utilizó para adquirir bienes, inmuebles, mobiliario de lujo y realizar transferencias internacionales y pagos a personas físicas y jurídicas vinculadas.
El Ministerio Público sustenta su acusación contra los miembros de la estructura criminal del Caso Camaleón con 406 elementos de prueba, que incluyen testimoniales, periciales, documentales y materiales.
El órgano acusador solicita al Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que incorpore estas evidencias en la audiencia preliminar para enviar a juicio a todos los imputados del Caso Camaleón.
Implicación de cada imputado
El imputado, Jochi Gómez, se benefició de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange y responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Hugo Beras, ex director del Intrant, facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia. Frank Díaz Warden manipuló licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda facilitó el control técnico de la red semafórica y falsificó certificaciones.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
Pedro Vinicio Padovani Báez supervisó el centro de control de tráfico y participó en licitaciones fraudulentas, lavado de activos y sabotaje de la red semafórica.
Carlos José Peguero Vargas movilizó fondos a través de INPROSOL S.R.L.
Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes de PagoRD Xchange, actuaron como testaferros, ocultando la propiedad real de la empresa y desviando fondos hacia Gómez Canaán.
Henry Darío Feliz Casso operó como intermediario financiero en el desvío y lavado de fondos públicos.
Con relación a las personas jurídicas, la acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para contratos fraudulentos y control de la red semafórica. PagoRD Xchange S.R.L. se empleó para apropiación de ingresos públicos y adquisición de bienes de lujo.
Industria Soltex Dominicana S.R.L. participó en operaciones de lavado y contrabando. Dekolor S.R.L. encubrió, desvió y manipuló licencias.
Aurix S.A.S. se destinó al espionaje y sabotaje tecnológico.
Inprosol S.R.L. funcionó como vehículo financiero del esquema y OML Inversiones S.R.L. adquirió bienes inmuebles con fondos ilícitos.Este artículo fue publicado originalmente en El Día
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