Jueza inicia conocimiento de coerción a imputados de red criminal de trata en caso “Begonias”

Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Karen Casado, inició el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los implicados en la red criminal de trata de personas del caso “Begonias”, dedicada a la explotación sexual de más de 20 mujeres de nacionalidad colombiana, según informó el Ministerio Público.

El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva para los integrantes de esta estructura criminal, compuesta por ciudadanos dominicanos y colombianos, y que el proceso sea declarado complejo.

En caso de que no se presente ningún incidente por parte de los abogados defensores de los imputados o de las víctimas, la magistrada ordenará al Ministerio Público dar lectura al relato de los hechos contenidos en la solicitud de medida de coerción contra los responsables del caso “Begonias”.

Según el expediente, los miembros de la red criminal son los dominicanos Johanse Díaz Casado (alias “Johan el Gordo”), Johanse Díaz Lemonier (Johan), Wilson Pérez Duque (El Menor), Lilian Yleana Sierra Espinosa y Ariel Alfredo Soto Madrigal (El Gordo), así como los ciudadanos colombianos Karen Juliana Chía Gélvez, Lina Marcela Valdez Cortés y Yasibit Esaleivi López Medina (Cristal).

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El Ministerio Público asegura contar con más de 320 elementos de prueba, entre ellos testimonios, documentos, peritajes y evidencias materiales, que sustentan la solicitud de medida de coerción contra los imputados por trata de personas.

Durante la audiencia también estuvieron presentes algunas de las víctimas del caso “Begonias”.

De acuerdo con el documento acusatorio, las víctimas eran mantenidas en cautiverio en una vivienda del Ensanche Ozama, en Santo Domingo Este, donde eran obligadas bajo amenazas y con armas de fuego a ejercer trabajos sexuales. Las mujeres eran forzadas a saldar supuestas deudas que oscilaban entre los 3,000 y 4,000 dólares, correspondientes a gastos por pasaportes, boletos de viaje y traslados desde Colombia, bajo una falsa promesa de empleo.

Una vez en República Dominicana, las víctimas eran forzadas a prostituirse, mientras les retenían sus documentos y las amenazaban con hacer daño a sus familiares en Colombia si se negaban a cumplir.

El Ministerio Público imputa a los acusados los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, asociación de malhechores, lavado de activos, entre otros cargos.