Raddamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta. Foto: Pablo Matos
Santo Domingo.-El director ejecutivo de Casa Abierta, Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, dijo hoy que jamás debió existir la mal llamada política de «Guerra Contra la Drogas», debido a que este modelo, «solo ha sido injusto y violento a los derechos humanos».
«Se han cometido abusos innombrables. Terribles violaciones a los derechos humanos, en nombre de la seguridad, han sido el legado de esta política. Pero eso solo ha servido para agravar mucho más el problema», dijo Hidalgo.
Agregó que es una política absurda basada en las sustancias, en mitos y estereotipos creados desde perspectivas ultraconservadoras. Sostuvo que la realidad es que la inmensa mayoría de las personas consumidoras de estupefacientes no precisan tratamiento.
«Se sabe que apenas una de cada diez personas consumidoras tiene consumo problemático. Estos mitos, sin embargo, son los que han orientado las políticas de drogas por muchos años», añadió.
Así mismo explicó que en la Suprema Corte de México acaban de dar una nueva muestra de inteligencia y respeto por los derechos humanos en un tema que años recientes era un tabú en los tribunales de justicia: el uso recreativo de la marihuana.
Dijo que con esa sentencia, la Suprema Corte mexicana reconoce que «los derechos humanos, las libertades individuales y la dignidad humana están por encima de las absurdas políticas de guerra contra las drogas que criminaliza a las personas consumidoras, especialmente a las más jóvenes y vulnerables».
De la Rosa, quien es psicólogo de profesión, sostuvo que contrario a lo que ocurre en otros países, República Dominicana mantiene una política mediocre , corrupta, inhumana, y violatoria a los derechos humanos.
El director de Casa Abierta lamentó que quienes dirigen el Estado no parecen entender el problema «o simplemente no les importa».
Dijo que las autoridades siguen sordas, ciegas y mudas ante el cambio en las políticas de drogas y siguen criminalizando a los consumidores, «lo cual los lleva a prisión, cuando no las convierte en presa fácil de la corrupción, el chantaje y la extorsión.
«Se mueren día a día las personas usuarias crónicas de heroína, porque la ley 50-88, les clasifica como traficantes, y prohíbe todo uso de métodos alternativos de tratamiento. Se cierran o limitan los programas preventivos y de atención, ante la negativa oficial de asignar recursos a estos programas sociales», indicó.
