Santo Domingo.-El director ejecutivo de Casa Abierta, Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo. propone que sea reformada la Ley 50-88, que rige la política sobre drogas por considerarla «acientífica, antidemocrática, excluyente, y violatoria de derechos».

«El momento es oportuno para que se produzcan reformas en las que finalmente sea superada la Ley No. 50-88, que rige la política sobre drogas en nuestro país, por acientífica, antidemocrática, excluyente, y violatoria de derechos. Estas políticas tienen su origen en la discriminación y exclusión social de los años 30 en los EEUU. La Ley No. 50-88 es un gran obstáculo si queremos avanzar hacia estadios más participativos y democráticos donde no se deje fuera a las personas que usan drogas», dijo Rosa Hidalgo.

Explicó que si realmente se quieren hacer reformas transparentes y democráticas que procure la realidad actual no se puede tener una ley que penalice el consumo de drogas.

«Una ley que convierte en delincuentes a quienes solo son consumidores de sustancias, llevando a prisión a quienes deberían recibir atenciones de salud. Pero además, la política actual, basada en la ley 50 -88, prohíbe el uso de medicamentos extraídos de la Cannabis para problemas de salud donde las terapias convencionales no tienen respuestas eficaces. Esto en contra de lo que ya establece la ONU al respecto, que la ha reclasificado para promover la investigación y uso medicinal», sostuvo en un comunicado.

Rosa Hidalgo exhortó dar una miradas sobre las drogas para crear una legislación que parta del derecho y la salud de las personas, sin exclusión o discriminación.

«Una nueva mirada implica asumir que la dependencia de drogas es una enfermedad crónica y recurrente con múltiples determinantes, tanto biológicos y psicológicos como sociales, y que debe ser considerada y tratada como un asunto de salud pública, tal como el tratamiento de otras enfermedades crónicas”, citó.

«Es urgente también la descriminalización de la posesión de sustancias para uso personal bajo el criterio de que “el Estado puede prescribir la forma del comportamiento frente a los otros, pero no la forma de comportamiento consigo mismo, siempre y cuando esa conducta no interfiera en los demás”, manifestó el director de Casa Abierta.

Asimismo, asegura que en dicha ley no se pueden separar las políticas de drogas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que se debe priorizar la atención adecuada a las personas, las familias, las comunidades y la sociedad en general, con miras a promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de toda la humanidad.

«De cara a las nuevas perspectivas sobre la Cannabis, el Estado Dominicano, como se ha hecho ya en otras naciones, debe contar con una ley para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados, como forma de garantizar un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el Cannabis como herramienta terapéutica», enfatizó.

«Es momento para no seguir dejando de lado la realidad del fenómeno de las drogas en nuestra sociedad. Las políticas sobre drogas no pueden ser inamovibles, especialmente cuando han evidenciado no ser capaces de reducir la oferta y demanda de drogas en la población. El tema de las políticas de drogas debe estar en la agenda para el debate. Hay propuestas elaboradas para iniciar el proceso. Las políticas sobre drogas deben incluirse si en realidad queremos avanzar en los parámetros planteados: reformas transparentes, democráticas e incluyentes».