El Día 
SANTO DOMINGO. – El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Fundación Primero Justicia calificaron como inconstitucional, abusiva, discriminatoria y atentoria en contra de las libertades públicas la Resolución 007/2022, emitida por el Ministerio de Interior y Policía, que prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en Santo Domingo Este y otros municipios de la provincia Santo Domingo desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana todos los días.
Miguel Surun, presidente de ambas entidades, advirtió que dicha medida generaría pérdidas millonarias a cientos de negocios de la zona, la quiebra de algunos y dejaría sin empleo a miles de personas, a pesar de que muchos no se han recuperado del impacto económico generado por el paso del Covid 19 por nuestro país.
Por esta razón el CARD y la Fundación Primero Justicia depositaron este jueves una acción de amparo de urgencia en contra de dicha Resolución ante el Tribunal Superior Administrativo, alegando que la misma es inconstitucional porque viola los derechos fundamentales de libertad al trabajo, la libre empresa, el libre tránsito, a la igualdad, a la legalidad de los actos públicos, consagrados en los artículos 6, 39, 40, 50, 62 y 139 de la Constitución.
Surun Hernández consideró que no es posible justificar ese despropósito, sobre la base de la lucha contra la criminalidad, sobre todo porque, además, desborda las potestades del propio Ministerio de Interior y Policía, entre cuyas facultades no está prohibir actividades recreativas y comerciales licitas y mucho menos disponer el cierre de establecimientos comerciales, potestad que según afirma, solo la ostentan los tribunales.
“De permitirse dicho abuso, estaríamos a las puertas del caos institucional donde cualquier ministerio o funcionario podría disponer medidas abusivas al margen de la ley en perjuicio de los ciudadanos, por eso hoy acudimos al juez de los amparos esperando que se reinstaure el estado de derecho”, indicó el gremialista.
El jurista exhortó a las autoridades aplicar otras medidas para enfrentar la criminalidad en nuestro país como son el aumento del patrullaje policial, la instalación de más cámaras de seguridad, aplicación de nuevas tecnologías, coordinación de acciones con comunitarios y juntas de vecinos, incremento de planes sociales, de protección económica para los ciudadanos más vulnerables, mejora del sistema educativo, promoción del deporte y gestionar mayores oportunidades de empleos para jóvenes y adultos de forma que tengan sus necesidades cubiertas y no se vean tentados a cometer delitos.
Indicó que dicha medida afecta de manera discriminatoria a los municipes de Santo Domingo Este, Norte y Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Boca Chica y Guerra, lo que es inconsebible.
Explicó que la misión del Colegio de Abogados y de la Fundación Primero Justicia es de velar porque se respeten los derechos de los ciudadanos y advirtió que no desmayarán en su propósito.
