El fiscal de la Fiscalía de Bayamón, Gabriel Arredondo, afirmó que en Puerto Rico no existe sobrepoblación carcelaria, ya que más del 90 % de los casos se resuelven mediante acuerdos de negociación, lo que acelera los procesos judiciales y evita el hacinamiento en las prisiones.
En contraste, en República Dominicana apenas un 13 % de los casos concluye con acuerdos, lo que mantiene a las cárceles por encima de su capacidad, generando hacinamiento y sobrepoblación.
Arredondo explicó que, cuando un acusado no llega a un acuerdo con el Ministerio Público en Puerto Rico, puede ser condenado de seis meses a 99 años de prisión, dependiendo del delito. En cambio, en República Dominicana la pena máxima es de 30 años de cárcel.
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Simplicidad en los documentos judiciales
El fiscal destacó que en Puerto Rico los documentos judiciales son más sencillos: la querella es el aviso público inicial de un delito presentado por la policía.
La denuncia es el documento que el fiscal presenta al tribunal para iniciar el proceso.
En casos graves se presenta una acusación, que sorprendentemente se limita a una sola página.
“Tratamos de hacerlo sencillo, que cualquier persona entienda de qué está acusada”, señaló Arredondo, mostrando ejemplos de denuncias y acusaciones, incluso por asesinato, todas contenidas en una hoja.
Procesos judiciales más rápidos
La jueza presidenta de los tribunales de Bayamón, Carmen Otero, indicó que las audiencias son ágiles y duran entre 20 y 30 minutos, lo que permite un desahogo en los tribunales.
En contraste, en República Dominicana las acusaciones suelen tener entre 20 y más de 10 mil páginas, lo que prolonga los juicios entre tres meses y el tiempo máximo que establece el Código Procesal Penal.
Homologación y tipos de acuerdos
En Puerto Rico solo existe un tipo de acuerdo llamado “alegación preacordada”, que puede presentarse en cualquier fase del proceso. En República Dominicana existen varios tipos de acuerdos, también presentables en distintas etapas del proceso.
En Puerto Rico, el juez verifica directamente si el acusado comprende el acuerdo, si lo firmó sin presiones y si su defensa le explicó las consecuencias. En República Dominicana, en cambio, los jueces se limitan a homologar los acuerdos firmados por el Ministerio Público y el imputado.
Diferencias estructurales en los tribunales
En Puerto Rico, los tribunales de primera instancia son unipersonales (un solo juez) y las Cortes de Apelación son colegiadas (tres magistrados).
En República Dominicana, la fase de instrucción es unipersonal, pero los juicios y apelaciones se conocen en tribunales colegiados de tres jueces.
Otra diferencia es que en Puerto Rico el imputado no está acompañado por su abogado en la sala de investigación (C-6) donde se solicitan medidas de coerción, mientras que en República Dominicana la defensa siempre está presente.
Juicios con jurado en Puerto Rico
En la isla, los juicios pueden ser conocidos por un juez o un jurado de 12 personas, bajo el sistema anglosajón. En República Dominicana, los juicios se conocen por un tribunal colegiado de tres jueces.
Negociación en casos de alto perfil
Arredondo mostró preocupación por las negociaciones en casos mediáticos, especialmente en delitos de corrupción y agresión sexual, aunque subrayó que es una práctica habitual en Puerto Rico. Señaló que la mayoría de los acuerdos se da en procesos de narcotráfico y corrupción, donde el Estado obtiene beneficios mediante decomisos de bienes.
“Si nos dejamos llevar por la opinión pública, no podemos trabajar”, expresó el fiscal, aunque reconoció la importancia de la transparencia y el rol del juez como garante de acuerdos proporcionales a la gravedad del delito.
Ejemplo de un caso de corrupción política
El fiscal recordó el caso de un exalcalde de Yabucoa, acusado de desviar fondos para pagar un préstamo de campaña. Aunque el hecho fue grave, el exfuncionario restituyó el dinero, renunció al cargo, fue declarado culpable de un delito menor y perdió su licencia profesional.
Este acuerdo, explicó Arredondo, no generó gran impacto en la opinión pública porque implicó consecuencias concretas y una resolución legal efectiva.
El fiscal dejó claro que el sistema judicial de Puerto Rico busca ser más eficiente, transparente y práctico, con procesos simplificados y acuerdos judiciales que evitan la sobrepoblación carcelaria. En contraste, República Dominicana enfrenta juicios más extensos y complejos, lo que impacta directamente en la congestión de sus cárceles.
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