SANTO DOMINGO.-El aeropuerto Internacional de La Romana figura en el expediente del narcopiloto mexicano Ronier Sánchez, como el lugar desde donde se configuraban los planes de vuelo que permitirían a una red de tráfico de drogas operar a la vista de autoridades de varios países con aparente legalidad.
Sánchez había estado siendo investigado durante varios años por las autoridades norteamericanas, pero fue en 2016, tras un fallido intento de transporte de cocaína, cuando se divulgó la información de que era un narcopiloto.
En un vuelo ese año partió de Tapachula, en el extremo sur de México, rumbo a República Dominicana.
Tras arribar a La Romana obtuvo, en complicidad con las autoridades del aeropuerto, un plan de vuelo que incluía como primer destino a Brasil. Sin embargo, el Jet Hawker matrícula N483FG salió del radar para dirigirse a Venezuela, donde pretendía recoger 1,650 kilos de cocaína para luego ser trasladados hasta Honduras.
El avión presentó complicaciones, lo que provocó un aterrizaje forzoso, impidiendo que Sánchez y acompañantes (que lograron salir ilesos del accidente) obtuvieran la droga, lo que a la vez estropeó la investigación que en torno al caso desarrollaban las autoridades.
Vida normal
A partir de entonces Sánchez llegó a asumir unas nueve identidades manteniendo a la vez activas sus cuentas de redes sociales donde continuamente era felicitado por sus seguidores por los supuestos logros profesionales que exhibía.
Fue apresado finalmente el pasado año en Paraguay, llegando a presentar escaramuzas legales como contras para evitar ser extraditado hacia los Estados Unidos, lo que fue logrado finalmente en julio de este año.
Así operaban
Según recoge el periódico EL PAÍS, la tripulación tenía un contacto en La Romana que se encargaba de recibirlos, coordinar el aterrizaje y pagar un soborno de 150,000 dólares a autoridades del aeropuerto de la provincia.
El contacto era el dominicano Carlos Almonte Vásquez, quien posterior a admitir su culpabilidad, llegó a un acuerdo con la fiscalía a cambio de reducir su condena.
Según Almonte Vázquez, los reclutas seleccionados para llevar los cargamentos aéreos suelen ser trabajadores autónomos con alta especialización en sus ramos de trabajo y sin ningún vínculo con las redes de tráfico de drogas.
A los involucrados se les pagaba hasta 9,000 dólares por cada kilo de cocaína y solían utilizar dos parejas de pilotos para reducir al mínimo la posibilidad de delación.
Por cada vuelo llevado a cabo con buen éxito, el tripulante de la aeronave llegaba a cobrar hasta 150,000 dólares más un bono especial de 35,000 dólares al finalizar el trato.
El caso en cuestión que puso a la red al descubierto no impidió que siguiera operando y Sánchez, hasta ser detenido, ejecutó varias operaciones.
La isla sigue siendo usada para trasiego
Droga. El caso pone de relieve el cada vez más sofisticado modus operandi de las redes de narcotráfico que utilizan la isla como punto intermedio desde donde trasladan la droga adquirida hasta Estados Unidos, Europa y, en algunos casos, hasta un punto distante del mismo país de donde inicialmente provienen.
Los reclutas para llevar a buen puerto cada cargamento son una suerte de freelancers o trabajadores autónomos en circunstancias desesperadas, copilotos sin compromisos con ningún cartel en específico, guardaespaldas y autoridades corruptas. El negocio internacional de la cocaína se ha convertido en un juego de intermediarios, casi todos especializados en un solo eslabón de la larga cadena del narcotráfico.