Eliminar candidaturas independientes, una idea que senadores y diputados acarician en serio

En el Congreso Nacional se analiza con seriedad la idea de eliminar de la Ley Electoral lo relativo a las candidaturas independientes.

La lógica simple jurídica para tales insinuaciones es que la Constitución de La República no contempla candidaturas independientes y se sustenta en los partidos políticos como vía para la elección de cargos congresuales, municipales y de nivel presidencial.

El interés, es buscarle una salida rápida a la sentencia 0788-24 del Tribunal Constitucional que, como organismo superior, impuso la necesidad de que, por vías administrativas, la Junta Central Electoral garantice la participación de candidaturas independientes, ya que la Ley Electoral no dice cómo ajustar dicha participación aunque menciona la modalidad.

El interés de eliminar las candidaturas independientes es tan serio, que en la sesión ordinaria del Senado de este martes, los senadores votaron a favor de desapoderar a la comisión de justicia de la Cámara Alta de un proyecto para estos mismos fines que había sido sometido por el senador Rogelio Genao.

Este había confirmado que la inclusión de las candidaturas independientes en la Ley Electoral 20-23, se trató de un error y que por consiguiente, como dicha modalidad no es contemplada en la Constitución, simplemente pueden eliminarla.

Según el mismo Genao, jueces del Tribunal Superior Electoral habían validado esa propuesta por lo que pidió que se conociera de inmediato pero, una intervención astuta del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y del senador Cristóbal Venerado Castillo, impidieron que la iniciativa fuera finalmente votada argumentando que necesitarían un consenso con la Cámara de Diputados.

El «error» de las candidaturas independientes

El error de las candidaturas independientes del que hablan algunos senadores, está expresado en todo un capítulo (III) de la Ley 20-23 de régimen electoral, tres artículos (156, 157, 158) y cinco párrafos.

Tiene una declaración que indica que podrán ser presentadas candidaturas independientes de carácter nacional, provincial, municipal o en el Distrito Nacional que surjan a través de agrupaciones políticas en cada elección.

Indica fecha de presentación de esas propuestas (75 días antes de la elección), habla de formar una elección de cuadros similar a los partidos políticos aunque no necesariamente, ser uno de ellos.

Las intenciones de eliminar las candidaturas independientes también es compartida por diputados.
Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y cuya expertiz es precisamente los temas electorales, ha dicho que no existe impedimento alguno para que cualquier ciudadano pueda presentarse como candidato por una de las organizaciones políticas reconocidas por la JCE.

Y parece tener razón, República Dominicana tiene casi cuatro decenas de organizaciones políticas (34 partidos y siete movimientos), muchos de los cuales, se dedican a captar candidatos ante la ausencia de militantes cualificados.

Representación para candidaturas independientes

Pero estamos conscientes de que es poco probable que senadores y diputados se arriesguen a eliminar las candidaturas independientes aunque ese sea su deseo, pero en cambio, han retomado la idea de una regulación compleja.

El tema que se debate en estos momentos en la comisión que preside Elías Wessin Chávez, es la cantidad representativa de firmas para obtener una validación de candidaturas independientes.
El proyecto original de la JCE decía que se lograría una candidatura independiente con el 2% de electores que participaron en la última elección.

Pero, considerando la poca participación ciudadana en procesos como las municipales y la poca cantidad de electores en algunas demarcaciones, un 2% no sería realmente representativo y podrían desbordarse la cantidad de candidatos independientes.

En su más reciente visita a la Cámara de Diputados para debatir el tema, la JCE presentó a modo de comparación el caso de Panamá, donde se realiza una cuota proporcional llegando la exigencia en algunas demarcaciones, a ser de hasta un 15%.

Chávez dijo que la comisión creará una sinergia entre lo propuesto por la JCE y un proyecto que ya reposa como iniciativa propia, además de las opiniones de los demás legisladores y peritos en la materia que han sido consultados.