La Junta Central Electoral parece haber declinado a sus responsabilidades regulatorias de la campaña electoral, lo que presagia un largo período de caos, gastos, molestias y desparpajos.
Las primeras señales se dieron cuando la Junta permitió que mediante la utilización del ingenio lingüístico se escogieran candidatos presidenciales a más de un año antes del límite impuesto por la ley, con votaciones, ganadores y perdedores incluidos.
Desde ese momento empezó a verse una Junta resignada a permitir que los partidos actúen en albedrío no respetando las reglas, cuando les da la gana, así lo han hecho.
La Junta, para cumplir requisitos, emitió una proclama abriendo la precampaña (que en la praxis ya estaba abierta ), pero lo que menos ha ocurrido es apego a las actividades permitidas en la precampaña y se ha pasado abiertamente a las actividades propias de la campaña, con caravanas, caminatas, bandereos, manos a manos, vallas y afiches incluidos.
Todo eso frente a las narices de todo el mundo sin ningún tipo de consecuencias. ¿Cómo esperar que se cumplan los topes de gastos, se respeten los espacios públicos o la tranquilidad de los ciudadanos?
El daño fundamental no consiste en que se tengan largas campañas electorales, sino que esa desmovilización regulatoria de la Junta melle su autoridad necesaria para administrar un proceso en que se disputa el político.
Esta será una larga campaña y tememos que sea descontrolada y salvaje.
Si desaparece del escenario quien tiene que hacer respetar los límites, veremos acciones cuestiobales, asqueantes e infiltración de todo tipo de recursos.
Por eso es importante que la Junta no abandone su responsabilidad regulatoria.
