El país ha sido blanco de fuertes e intensas críticas desde el exterior por decidir, dentro de su soberanía, aplicar una política migratoria ajustada al marco de sus leyes y los intereses nacionales.
Acusaciones fuera de la verdad han sido lanzadas contra el Gobierno sobre supuestas deportaciones o repatriaciones sin el respeto de los derechos humanos, cuando en los hechos ningún indocumentado ha sido objeto de una acción oficial.
¿Entonces, qué se busca? En principio, amedrentar al Gobierno para que desista de su decisión de poner en marcha el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y también que el país siga con el actual desorden migratorio.
