República Dominicana vive una intensa campaña proselitista ilegal por estar fuera de tiempo y con financiamiento que no tiene control de ninguna instancia estatal, incluyendo la Junta Central Electoral.

Los aspirantes a posiciones electivas, especialmente a la Presidencia de la República, desarrollan un intenso proselitismo con actos multitudinarios montados con inversiones millonarias.

No se trata de difundir sus pareceres, hacer contactos con la militancia de sus partidos o dar a conocer sus intenciones.

Lo que estamos viendo son manifestaciones multitudinarias en instalaciones que no son propias de los partidos políticos. Tales son los casos de concentraciones en estadios de todo tipo que bajo ningún concepto pueden ser catalogadas como “actividades privadas”.

La Junta Central Electoral tiene la facultad de detener esta millonaria campaña adelantada que distrae al país y dificulta que avancemos en la agenda nacional.

No nos dejemos engañar con juegos de palabras, desde hace meses estamos metidos en una intensa campaña electoral, aun sin que siquiera los principales partidos políticos hayan formalizado precandidatos y en tiempos que la Ley de Partidos Políticos tiene como vedados para esos fines.

Definitivamente, nuestra clase política se resiste a ser regulada, prefiere vivir en medio del desorden institucional, acotejando todo a su conveniencia y poniendo a un lado el interés nacional.