Periodista Luis García
La burocracia inoperante, la toma ineficiente de decisiones y los continuos conflictos de intereses que rodean a las entidades sustanciales del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), colocan al desnudo nuestro denominado Estado Social y Democrático de Derecho.
El desempeño del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), de la Superintendencia de Seguridad Social (SIPEN) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), merece de una urgente revisión para encauzarlas en el marco de una función pública eficiente.
Al parecer sus titulares desconocen que sus actuaciones están sometidas a una serie de principios que les obliga a ceñirse a la justicia, la ética y el servicio a los afiliados.
Resulta inaceptable que el CNSS y la Gerencia General de dicho organismo, luego de aprobar una determinada resolución, no se ocupen de dar el seguimiento continuo y pertinente para garantizar su adecuado cumplimento.
Un ejemplo fehaciente de ello está en el lento proceso de aplicación de la Resolución 572-07, norma que sirve de base para que miles de servidores públicos logren que se materialice el traspaso de sus fondos al Ministerio de Hacienda para acceder a las pensiones por los años de servicio al Estado.
Una burocracia ineficiente, especialmente de la DIDA y la SIPEN, ha contribuido a frenar el proceso. La primera por abandonar su rol de defensa de los afiliados y la segunda debido a la inacción, sin incluirse una eventual complicidad con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Lo más grave radica en que ninguna de esas entidades estatales se refiere al tema.
La SIPEN, a través de su contratada millonaria Empresa Procesadora de la Base de Datos (UNIPAGO), es la responsable de dar salida de los casos evaluados y aprobados por la Comisión Interinstitucional Evaluadora con la finalidad de viabilizar los traspasos desde CCI al Sistema de Reparto.
Mediante la Resolución No. 479-24 de la Superintendencia de Pensiones se establecieron plazos específicos relativos a los traspasos al Sistema de Reparto, así como segregar los casos de los afiliados con aportes mixtos, es decir, los que provienen del ámbito privado y los del público.
Los conflictos de intereses, la burocracia inservible y la falta de sinergia entre las instituciones que integran el Sistema Dominicano de Seguridad Social son sólo algunas de las fuerzas restrictivas que han estado incidiendo para que los traspasos de aquellos afiliados con aportes mixtos en sus Cuentas de Capitalización Individual no se hayan concretado. La Gerencia General del CNSS, la SIPEN y la DIDA están en el deber moral y legal de explicar a los afiliados los motivos de la situación de retraso.
Desde enero del presente año la SIPEN recibe casos aprobados por la Comisión Interinstitucional Evaluadora para el traspaso definitivo hacia el Sistema de Reparto.
Muchos de esos casos fueron remitidos a la empresa procesadora de la base de datos del Sistema Dominicano de Seguridad Social para que ésta formalice los traspasos correspondientes.
En la actual coyuntura en que el presidente Luis Abinader tiene previsto renovar su gobierno, sería conveniente que ofreciera como regalo a los afiliados un cambio general de las autoridades estatales de la Seguridad Social.
Aquí le van algunos nombres: Luis Miguel de Camps García, presidente del CNSS; Juan Antonio Estévez González, viceministro de Trabajo en Seguridad Social y Riesgos Laborales; Francisco A. Torres Díaz, superintendente de Pensiones; Carolina Serrata Méndez, directora de la DIDA; Marlen Berroa y Virginia de León, ambas de la DIDA y responsables de defender los intereses y derechos de los afiliados de la seguridad social.
