El Capitolio, San Juan.- La diputada de Ultramar de la circunscripción 2, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Adelis Olivares Ortega informó que la Cámara de Representantes de Puerto Rico, acogió tres medidas presentadas por la legisladora en beneficio de la comunidad inmigrante en Puerto Rico.
Como una iniciativa que busca hacer justicia social por los inmigrantes, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez y el presidente de la Comisión de Relaciones Federales e Internacionales, Joel Sánchez Ayala, radicaron estas medidas junto a la diputada de la Comunidad Dominicana en el Exterior, Adelis Olivares Ortega.
Las normativas incluyen una Carta de Derechos de la Persona Inmigrante, extender el derecho al voto a personas con estatus migratorio de residente permanente en los Estados Unidos y regular la profesión de la gestoría en la isla para asuntos migratorios.
Olivares, señaló que estas propuestas a favor de los inmigrantes habían sido analizadas durante el encuentro de las vistas públicas de la Comisión Permanente de Dominicanos del Exterior, en donde se escucharon las necesidades de los dominicanos que viven fuera de la República dominicana y que hoy impacta a todos los inmigrantes por igual.
«Hemos estado buscando la manera de legislar a favor de los inmigrantes, que por su estatus migratorio no son tomados en cuenta y que ahora tienen esta oportunidad a través de estas iniciativas», dijo.
Resaltó la importancia de tener un canal de comunicación para hacer los enlaces con las autoridades del país en el que reside la comunidad inmigrante.
«Son proyectos que están a favor de todos los inmigrantes que residen en esta hermosa isla, dedicando la mayor parte de nuestras vidas, tenemos nuestros negocios, criamos a nuestros hijos, colaboramos en todo dando lo mejor de nosotros, por eso buscamos legislación a favor de la comunidad», apuntó la diputada.
Agradeció la hermandad de los Puertorriqueños con todas las comunidades que llegan ya que siempre han estado abiertos a integrarlos a ser parte de ese país.
Indicó que ser parte de esta iniciativa representa un orgullo como legisladora y que la comunidad se va a sentir identificada y agradecida.
Por su lado el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez dijo que “en Puerto Rico hay alrededor de 350 mil inmigrantes, incluyendo una gran parte sin estatus migratorio definido que, a pesar de contribuir como cualquier otro residente de nuestra isla, no tiene los mismos derechos y protecciones que los demás. Por tal motivo, radicamos estas iniciativas para integrar de manera efectiva a esta población que ha hecho de Puerto Rico su hogar con el esfuerzo de su trabajo”.
También en su intervención el presidente de la Comisión de Relaciones Federales e Internacionales, Joel Sánchez Ayala, dijo que con este cambio se busca brindarles justicia social a personas que, en algunos casos, llevan décadas viviendo en Puerto Rico, pagando impuestos, siendo parte de nuestras comunidades y contribuyendo con la sociedad, para que tengan participación en nuestras elecciones, como residentes de Puerto Rico que son.
Asimismo, el proyecto de la Cámara 1892 crea la Carta de Derechos de la Persona Inmigrante en Puerto Rico, para garantizar el acceso a los servicios y recursos del Estado de forma que una persona inmigrante pueda obtener el mismo acceso a servicios gubernamentales, como: educación, salud, familia, seguridad pública, entre otros.
“Con este proyecto buscamos crear un sistema que brinde confianza al pueblo y erradique los casos de fraude por gestorías en Puerto Rico, en especial a nuestros residentes inmigrantes, que han sido víctimas de personas inescrupulosas que se aprovechan de su estatus migratorio para estafarlos”, manifestó Sánchez Ayala, quien representa el distrito 20 de la Cámara, que comprende los municipios de Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros.
Por último, el presidente cameral informó también que ese cuerpo legislativo aprobará dos medidas senatoriales. La primera es el proyecto del Senado 10, que busca que se cumpla de forma más clara y precisa la disposición constitucional en cuanto a que “la dignidad del ser humano es inviolable”, y se prohíbe el que discriminen a los inmigrantes en la prestación de servicios de salud y educación.
La segunda medida es el proyecto del Senado 1127, que permite la adquisición de una licencia de conducir y, de paso, otorga una identificación reconocida por nuestro gobierno a los inmigrantes que tienen un número de seguro social asignado, pero no tienen un estatus migratorio definido en la isla.
“Con esta serie de iniciativas lo que buscamos es sensibilizar la política pública del gobierno de Puerto Rico para integrar, reconocer y otorgar derechos a la comunidad inmigrante, que es parte fundamental de nuestra fuerza trabajadora”, concluyó Hernández Montañez.
