El Día 
Santo Domingo.– Tras las entrevistas realizadas por una comisión especial de legisladores de la Cámara Diputados a quienes integran el Pleno de la Cámara de Cuentas, han salido a la luz algunos de los obstáculos que provocan diferencias entre sus miembros.
Según declaraciones del abogado Mario Fernández Burgos, miembro del actual Pleno de la Cámara de Cuentas, todo lo que pasa en las sesiones de la Cámara de Cuentas está totalmente blindado, luego de que el pasado pleno tomará la decisión de restringir a la población general el conocimiento de lo que allí sucede, amparándose de manera mal sana y distorsionada en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información.
“Un mes y seis días antes de que asumiera el actual Pleno, específicamente el 9 marzo de 2021, y hasta 2025, se aprobó un documento que oculta las discusiones y los pormenores de cómo se toman las decisiones dentro de la Cámara actual y en las actuaciones pasadas”, denunció Fernández Burgos.
El reconocido abogado precisó que tanto él como Janel Ramírez, el presidente del Pleno, han estado en disposición no sólo de eliminar este supuesto impedimento, sino que proponen que las actuaciones del Pleno sean transmitidas en vivo, para que la población sea partícipe de las prácticas que allí se manifiestan y de las decisiones que se adopten, sin embargo las magistradas Elsa Catano, Tomasina Tolentino y Elsa Peña, se han negado a derogar dicha resolución, a pesar de que públicamente dicen estar comprometidas con la transparencia.
“No hemos podido derogar el Indice de Informaciones Clasificadas de la Cámara de Cuentas que vimos y precisamos que no tiene fundamento para ampararse en la Ley 200-04, y que más bien ha sido un documento garante de impunidad, para ocultar las decisiones que tomó el pasada Pleno y de las que se toma el actual” , explicó Mario Fernández.
Si una de las tres restante miembros del Pleno apoya la iniciativa de estos miembros, los documentos pasarían a ser públicos, ya que con tres de los cinco votos se obtiene mayoría para ejecutar las decisiones.
Una oportunidad
“Las honorables miembras del Pleno de la Cámara de Cuentas tienen la oportunidad de demostrar su compromiso con su función y con el país, y para eso solo tienen que asesorarse mejor en términos jurídicos; ellas podrían escribir su nombre en el capítulo de la historia dominicana en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, precisó Mario Fernández
Otra decisión tomada por la Cámara de Cuentas pasada, fue la de eliminar la Unidad de Control de Calidad de las Auditorías, cuya función según la Ley está atribuida al presidente de órgano.
“A pesar de que ellas han logrado desviar la atención de los medios y de la sociedad alegando otras asuntos y excusas, no son honestas expresando que nos han forzado a actuar mediante votos disidentes, y han retrasado las publicaciones de otras auditorías que no quieren que salgan con la calidad necesaria, porque al parecer a ellas no les preocupa que salgan igual de maquilladas que las del pasado Pleno”.
En ese orden, Fernández Burgos, denunció que las magistradas han actuado de manera activa para evitar que auditores independientes y con calidad técnica ingresen a la institución para la revisión de las decenas de auditorías que pudieran ser publicadas luego de verificar su calidad, tomando en cuenta que todas fueron elaboradas por un equipo técnico señalado presuntamente por maquillarlas, al que tampoco han querido remover.
La resolución
Todo lo que pasa en las sesiones de la Cámara de Cuentas está totalmente blindado, luego de que el pasado pleno tomará la decisión de restringir a la población general de conocer lo que ahí sucede amparándose distorcionadamente en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información.
Un mes y seis días antes de que asumiera el actual Pleno, específicamente el 9 marzo de 2021, se aprobó un documento que oculta las discusiones y cómo se toman las decisiones dentro de la Cámara actual y las actuaciones pasadas.
Fernández Burgos ,que es abogado egresado de la Pontifica Universidad Católica Madre y Madre (PUCMM), reitera que todos los aspectos de derechos que podrían ser vulnerados como alegan las integrantes, no están llamados a deliberarse en el seno del Pleno, sino en las etapas anteriores; y aclara que todas las personas involucradas en cualquier proceso de auditoría son notificadas, como lo establece la Ley que rige ese organismo.
