CC detecta anomalías en compra de asfalto durante gestión de Gonzalo

Cámara de Cuentas detecta anomalías en compra de asfalto AC-30 durante gestión de Gonzalo en Obras Públicas

Cámara de Cuentas detecta anomalías en compra de asfalto AC-30 durante gestión de Gonzalo en Obras Públicas

De acuerdo con la auditoría de la Cámara de Cuentas hubo diferencia de asfáltico AC-30 importado facturado por la cantidad de 2,884,623 galones, equivalente a 359 mil millones, 712,488 de pesos.

SANTO DOMINGO.-La Cámara de Cuentas reveló anoche que detectó irregularidades e inobservancia por un monto de 3 mil 500 millones de pesos que se pagaron sin evidencia de soporte documental en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) relacionado con la compra del material asfáltico AC-30 por la empresa General Supply Corporation, propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez.

Según una auditoría en esas operaciones el Estado dejó de recibir por concepto de pago de impuesto más de 171 mil millones pesos.

De acuerdo con la auditoría de la Cámara de Cuentas hubo diferencia de asfáltico AC-30 importado facturado por la cantidad de 2,884,623 galones, equivalente a 359 mil millones, 712,488 de pesos. También revela que hubo excedentes de cantidad, sin evidencia de ajustes de precio por la suma de 3 mil millones 767,329 mil pesos, según indica la misma auditoría.

También revela que hubo pagos en exceso al monto contratado del asfalto, sin justificación, por un monto de 484 mil millones 117,400 pesos.

Pagos realizados, sin evidencia de certificación en la Dirección General de Impuestos Internos y la Tesorería de la Seguridad Social ascendentes a 422 mil millones 922, 993 pesos.

Otras de las debilidades encontrada por los auditores de la Cámara de Cuentas fueron ejecución de contratos sin evidencia de poder especial por parte del Presidente de la República y sin cláusula del monto contratado.

En la misma auditoría se comprobó que los contratos para la compra del material asfáltico AC-300 se realizaron sin registro de la Contraloría General de la República y tampoco para la adquisición del cemento asfáltico AC.300 no hay evidencia de aprobación presupuestaria.

Según la Cámara de Cuentas, sus auditores verificaron “expedientes de desembolsos con documentación de soporte incompleta, tales como: conduces, facturas, relación de conduces, entre otros, lo que impide validar la totalidad del HAC preparado con el AC-30, suministrado por la empresa General Supply Corporation, SRL, RNC n.° 131-12060-1”.

Tras detectar las citadas irregularidades el pleno de la Cámara de Cuentas remitió la resolución al ente auditado, a los exministros y al ministro de Obras Pública y Comunicaciones, a la Contraloría General de la República, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), a la Dirección General de Contrataciones Públicas, a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y a la Procuraduría General de la República, atención Procuraduría Especializada Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como a cualquier organismo contemplado en la ley, a efectos de que observen las disposiciones de los artículos 47, 48, 49 y 54 de la Ley n.°10-04, de fecha 20 de enero del año 2004, y procedan con las medidas pertinentes”.

De su lado, el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo dijo que respondió en carta del 25 de noviembre de 2021 donde aclaró que en el departamento de Contabilidad del Ministerio de Obras Púbicas y Comunicaciones reposan todos y cada uno de los expedientes de pago con sus respectivos soportes, después que los mismos son revisados y autorizados por la Contraloría General de la República (COR).

Añadió que la Contraloría General de la República digitaliza de manera íntegra cada expediente recibido y lo mantiene en sus archivos digitales, por lo que la información/ faltante bien puede ser ubicada con alguna diligencia personal adicional en los archivos de la Contraloría General de la República”.

Asimismo dijo que solicitó al ministro actual de Obras Públicas y a la Contraloría General de la República “en fecha 17 de noviembre de 2021, los expedientes y documentos /faltantes” a fin de que se permita “realizar los análisis completos de la documentación referida para dar respuesta a las cuestiones planteadas como objetivos del informe.



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