El Día 
El titular de la Pepca, Wilson Camacho.
SANTO DOMINGO.-El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, declaró este lunes que el caso de Fedopem representa el primer proceso de corrupción en el ámbito deportivo abordado por el Ministerio Público, y espera que este procedimiento se convierta en un ejemplo.
“Este es nuestro primer caso de corrupción en el deporte, y nosotros la verdad esperamos que este proceso sirva de ejemplo, ya que el deporte es un área sagrada que debe mantenerse pura, íntegra y libre de cualquier modalidad de corrupción”, dijo Camacho al hablar con periodistas a su salida de la audiencia.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo miércoles el conocimiento de medida de coerción contra Freddy Núñez y Evaristo Ozoria Rodríguez, presidente y tesorero, respectivamente, de la Federación de Pentatlón Moderno (Fedopem), porque uno de los imputados no estaba acompañado de su defensa.
Además, los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitaron la declaratoria de complejidad del proceso.
Por el caso se allanaron residencias en el Distrito Nacional y la provincia María Trinidad Sánchez, así como en las instalaciones de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, ubicadas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
El Ministerio Público durante una investigación de varios meses, ha podido recabar múltiples evidencias de las imputaciones en contra de los indicados involucrados.
En los allanamientos realizados dentro del proceso se ocuparon cientos de documentos relacionados con la investigación, los cuales sirven de sustento al Ministerio Público en el caso.
Los imputados en el Caso Fedopem son investigados por conductas típicas a lo establecido en los artículos 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción), artículos 145, 147 y 148 (falsificación y uso de documentos falsos), 171 y 172 (desfalco), artículos 265 y 266 (asociación de malhechores), así como el artículo 405 (estafa en perjuicio del Estado dominicano), del Código Penal Dominicano; y los artículos 3 y 4, (Lavado de Activos), de la Ley núm. 155-17 sobre Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo, todo esto en perjuicio del Estado dominicano.
