La calificación del riesgo relativo de un país es un proceso de medición que realizan una serie de empresas de reconocido prestigio y que les sirve a inversionistas, prestatarios y otros interesados para conocer las conveniencias o no de realizar actividades en dicho país.
Para estos fines, las empresas calificadoras utilizan una serie de indicadores y datos que, aun cuando la metodología de cada empresa difiere de la otra, se parecen bastante, y con resultados similares.
Recientemente nos llegó a nuestras manos una de dichas calificaciones, la cual pretende presentar el nivel de riesgo actual de nuestro país.
Mediante la utilización de factores objetivos y subjetivos se construye un modelo en base a diferentes puntuaciones, los cuales son ponderados a fin de producir la calificación manifestada.
Entre los factores considerados están los resultados macroeconómicos, como crecimiento del producto interno bruto, inflación y volatilidad: los resultados de las finanzas públicas como déficit fiscal, niveles de deuda interna y externa, y pago de intereses.
También se ponderan factores externos, como reservas internacionales, dependencia de la estructura de exportaciones y servicio de la deuda; y factores estructurales como la gobernanza, participación en la economía global e historia del cumplimiento de las obligaciones.
Los factores anteriormente descritos se evalúan con otro conjunto, esta vez subjetivos, como el del riesgo político, sostenibilidad del endeudamiento, rigidez fiscal y marco institucional, entre otros, para la determinación de una puntuación.
Este resultado es cotejado de acuerdo a una escala de medición y puntuaciones, para producir el resultado final.
La calificación citada le concede a nuestro país una puntuación que nos coloca con similares de Bolivia, Grecia, Brasil y Turquía.
Esto es, una nación con potencial, pero aun sumida en factores que nos determinan como emergentes.
Este contraste entre lo que nos consideran estas agencias calificadoras y nuestra propia autoevaluación debe ser objeto permanente de atención de la clase política, responsable final de la calificación de que somos objeto.
