El Congreso Nacional, dirigido por una mayoría mecánica del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), al parecer no está interpretando los signos preocupantes que exhibe la sociedad dominicana y que podrían poner en juego la paz social.
Ese poder del Estado juega, en unos casos, a la conveniencia política de la administración que encabeza el presidente Luis Abinader y no al interés nacional en el ejercicio de sus funciones, aprobando asuntos de manera acelerada, como contratos de préstamos con organismos crediticios internacionales o bonos soberanos, elevando nuestra deuda externa a un tope nunca visto en la historia de República Dominicana; y en otros, actúa en forma de hipocresía legislativa, una especie de burla frente a la población.
Un claro ejemplo de la burla legislativa lo constituye el tratamiento que ha dado a la discusión de la reforma al Código Laboral, cuya discusión lleva años y que no ha sido aprobada debido a la actitud irresponsable de los congresistas frente a la oposición del sector empleador a que se mantenga la figura de la cesantía. Dos semanas después de que la Cámara de Diputados aprobara en primera lectura el proyecto, el mismo ha sido excluido de la agenda legislativa sin que el organismo haya ofrecido algún tipo de explicación oficial a la opinión pública nacional. En ese sentido, la versión particular que se conoce es la del vocero de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, quien participa en las reuniones donde se elaboran las agendas de aprobaciones, de que la exclusión obedeció a razones relacionadas con la agenda legislativa.
El proyecto fue aprobado en primera lectura el pasado 20 de mayo y desde entonces está pendiente de una segunda discusión para completar su trámite en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la Comisión Coordinadora decidió excluirla de la agenda de esta semana y trasladar su conocimiento de manera indefinida.
Otra preocupante realidad radica en un débil movimiento sindical dominicano que muestra mayor cercanía con las posturas y narrativas del gobierno que la defensa de los intereses de los trabajadores. Naturalmente, esto no sorprende, sobre todo luego de que los principales líderes sindicales aceptaran aumentos en sus respectivas pensiones del Estado.
Los senadores y diputados, especialmente los representantes del PRM, deberían prestar atención a la reciente advertencia del arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, acerca de la existencia de una serie de flagelos que amenazan la paz social en el país. El prelado católico citó, entre estos males, a los feminicidios, la trata de personas, el narcotráfico, el consumo de drogas, la corrupción, la impunidad, la violencia intrafamiliar y el daño al medio ambiente.
Ante tantos problemas que atentan contra la dignidad humana, desde el poder y la política hay que crear las condiciones necesarias para mantener el sosiego, a través de la ejecución de políticas públicas que contribuyan a reducir la desigualdad social y la pobreza. El Congreso Nacional, como poder público, puede aportar mucho en el orden democrático.
A pesar de las narrativas oficiales que lo niegan, la población dominicana no está bien. Hay que tomar en cuenta que el costo de la vida ha aumentado considerablemente en los últimos seis años, provocando la reducción del valor del dinero destinado a la adquisición de bienes y servicios y, con ello, el desmejoramiento de las condiciones materiales de vida.
Lo ideal sería que el Congreso Nacional despeje la incertidumbre y proceda a la sanción definitiva del Código de Trabajo, dejando la burla y el engaño del pueblo trabajador, porque el mantenimiento de la paz social y la democracia no tienen precio.
