Las lecturas que he hecho en los últimos días sobre una presunta trama de empresas generadoras de electricidad contra el patrimonio público me producen una sola imagen acústica: un cielo gris poblado de buitres carroñeros.
No hay que ser abogado para darse cuenta, tan sólo activando el sentido común, que asistimos a un terrorismo judicial con pocos precedentes en el país y que si la querella del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), contra Ege-Haina y Ege-Itabo, tiene algún mérito, la forma carcome el fondo.
La primera sospecha de un golpe artero envuelto en legalidad salta a la vista con la estructura de la denominada cuota-litis, por más de RD$500 millones, prospere o no el proceso.
El monto es la pura expresión de la ambición rompiendo el saco y constituye, a mi modo de ver, el motivo central de una epopeya jurídica que podría representar un alto costo para el país, debido a sus características espanta-capitales.
El expediente, algo novelado, ha de verse en un contexto en que el gobierno tiene, ahora más que nunca, la necesidad de atraer inversión extranjera para la sostenibilidad de la economía y justo cuando los disturbios financieros internacionales otorgan a República Dominicana una importante ventaja comparativa para emitir deudas a buen precio y levantar capitales frescos.
Vamos a medir el riesgo. No sólo estamos expuestos a un fatal desenlace con empresas extranjeras recogiendo sus bártulos para marcharse, sino a una variación de las calificaciones del país como destino de inversión que haga a los capitalistas pensarlo dos veces antes de desembarcar en playas dominicanas.
Mi postura, absolutamente cargada de subjetividad, no es en modo alguno un llamado a la impunidad. Tampoco una beatificación del gran capital. Es, más bien, una invitación a la mejor aplicación de las reglas del juego, que no deben estar movidas por los bolsillos hondos de los oportunistas.
