Por primera vez en mucho tiempo la deuda del sector público no financiero registra una baja con relación del Producto Interno Bruto, al colocarse en 37.6 % luego de haber cerrado 2017 con 38.9 por ciento.
El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, anunció la semana pasada que el Gobierno cerró el primer cuatrimestre con un superávit de 1,022 millones de pesos.
El Banco Central afirma que el crecimiento de la economía en lo que va del año ha superado lo estimado y se coloca en un 6.2 por ciento.
Son noticias buenas, pero que en medio de la vorágine política adelantada en la que nos encontramos se diluyen y hasta se neutralizan.
Esos datos no bastan, pues se respira un gran ambiente de inconformidad y de crispación social.
Son efectos de una lucha política que se inició al mismo día de las elecciones, auspiciada por muchos de los que hoy se quejan de “campañas adelantadas”.
Quienes adelantaron la campaña no fueron los partidos ni los precandidatos, sino los que entienden que sus agendas se benefician con la conflictividad social y el deterioro de las instituciones.
