El Día 
Con la misma pretensión de ser justiciero que me ha animado en ocasiones anteriores a criticar determinadas actitudes de nuestros legisladores, debo ahora ponderar positivamente la forma en que la Cámara de Diputados ha venido manejando el tópico de la libertad de expresión.
El tema de la libertad de pensamiento y el derecho a expresarlo y divulgarlo ha cobrado importancia en los últimos años, por el desarrollo de las tecnologías modernas que ponen al servicio de todo el mundo los más diversos y efectivos medios de comunicación a costos cada vez más bajos.
Pero ese mismo desarrollo ha dejado atrás, por obsoletas, las leyes que hace cincuenta años fueron dictadas para regular ese derecho fundamental.
Muchos intentos para actualizar nuestra legislación relativa al ejercicio de la libertad de expresión se estrellaron en los últimos años contra el muro de una incomprensible falta de interés, hasta que, por fin, contamos hoy con una Cámara de Diputados sensiblemente motivada para introducir sin más demora los cambios que reclama la modernidad en materia de libertad de expresión.
Primero fue la Comisión de Justicia de dicha Cámara, presidida por el diputado Demóstenes Martínez, la que escuchó las voces de periodistas e instituciones civiles y logró que el pleno excluyera del Código Penal en discusión la penalización con cárcel de la difamación por medio de la prensa.
Y posteriormente correspondió a la Comisión de Medios de Comunicación, presidida por el diputado Nelson Guillén, celebrar, como lo está haciendo, reuniones democráticas para conocer los diferentes pareceres en torno a un proyecto de Ley sustituta de la 6132, que acogería los cambios y observaciones hechos a la misma con anterioridad.
Aspiro a que, cuando estas piezas legislativas lleguen al Senado, se respeten en la Cámara Alta los criterios introducidos por la Cámara de Diputados mediante el democrático procedimiento de escuchar los puntos de vista de la sociedad.
