Los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, ambos del Partido de los Trabajadores (PT) están entre los posibles implicados.
Brasilia, Brasil.- La clase política brasileña amaneció hoy a la defensiva frente al terremoto que pueden suponer 320 pedidos de nuevas investigaciones formulados por la Fiscalía sobre la base de las declaraciones de Odebrecht sobre la corrupción en Petrobras.
El procurador general, Rodrigo Janot, quien espera una respuesta del Supremo para iniciar esas indagaciones, alertó en un documento interno que la corrupción alcanzó niveles “jamás imaginados” y que la magnitud del escándalo muestra a una “democracia bajo ataque».
Los testimonios dados en el marco de un acuerdo de cooperación judicial por 77 exdirectivos del grupo Odebrecht siguen bajo escrito secreto procesal, pero informaciones obtenidas por la prensa local insisten en que afectan a más de un centenar de políticos que han transitado por los círculos del poder durante los últimos 20 años.
Los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, ambos del Partido de los Trabajadores (PT) están entre los posibles implicados, pero con ellos aparecen al menos cinco ministros del actual Gobierno y el propio mandatario Michel Temer pudiera ser salpicado, aunque se desconoce en qué medida.
Asimismo, esas informaciones no oficiales, pero que tampoco han sido desmentidas, citan entre los sospechosos a los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Eunicio Oliveira, ambos de la base oficialista.
Con ellos, decenas de diputados y senadores tanto oficialistas como de oposición y una decena de gobernadores, que pudieran ser objeto de sendas investigaciones si el magistrado Luiz Edson Fachin, instructor del caso en el Supremo, acepta el pedido de la Fiscalía, lo cual deberá decidir en los próximos días.
Fachin determinará, además, si el contenido de los testimonios y los nombres de los implicados son publicados, lo que revelaría la verdadera dimensión de la trama que se investiga.
En el Gobierno, hubo casi un silencio absoluto, roto solamente por los ministros de Ciudades, Bruno Araújo, y Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab, dos de los sospechosos que en sendas notas negaron haber participado en hechos ilícitos, al igual que hicieron durante la jornada decenas de parlamentarios.
El senador Romero Jucá, presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer y es uno de los más salpicados, se pronunció en el mismo sentido y apuntó, en su propia condición de sospechoso, que “indigno es ser condenado, pero no lo es ser investigado”, pues así “se puede probar la inocencia».
Lula, quien este martes declaró por primera vez como reo ante un juez en una de las cinco causas que enfrenta por alegada corrupción, no comentó el asunto, pero sí lo hizo Rousseff, quien afirmó en una nota que probará su “inocencia”, aunque ignora de qué se le acusa.
Rousseff, destituida en agosto pasado, afirmó que los testimonios que supuestamente la incriminan “están cubiertos por un manto de secreto judicial” pero que, aún sin saber de qué tratan, defenderá su “honor” ante la justicia.
Según fuentes judiciales, la mayoría de los casos citados en las declaraciones de los exdirectivos de Odebrecht se refieren a asuntos de financiación ilegal de campañas electorales, que pudiera haber implicado dinero generado por la corrupción.
La Corte Suprema ya ha admitido que el dinero “sucio” hasta pudo haber financiado campañas con cierta carátula legal, “disfrazado” de donaciones que en realidad eran producto de acuerdos con políticos que amparaban las corruptelas con Petrobras y obra pública.
Frente a eso, algunos parlamentarios plantearon que una reforma política que tramita actualmente incluya una suerte de “amnistía» para delitos de tipo electoral, lo que ha generado una fuerte ola de indignación popular.
Temer, aún sin saber cómo le afectará todo el asunto, se reunió hoy con los presidentes de las cámaras legislativas y de la justicia electoral para discutir detalles de esa reforma política.
Tras ese encuentro, fue divulgada una nota oficial en la que se dijo que el debate sobre la reforma política “no busca borrar el pasado”, en alusión a la corrupción electoral, sino “atender mejor los designios de la democracia y las expectativas del pueblo».
