La Defensoría del Pueblo de Bolivia confirmó el lunes que la niña de 11 años que se encontraba embarazada tras ser abusada durante meses por su abuelastro interrumpió su embarazo.
"La menor ha asumido una definición, conjuntamente con la madre, en el marco de resguardo a su derecho a la vida y su derecho a la integridad", dijo este lunes en una conferencia de prensa, Nadia Cruz, sobre el caso que desató una polémica nacional en el que la Iglesia Católica ha sido uno de los protagonistas.
"La menor tiene derecho a la confidencialidad, tiene derecho a continuar con su vida, después de todo lo que ha irrumpido la iglesia y de lo permisivas que han sido las instituciones públicas", afirmó.
Durante más de nueve meses, la niña fue víctima de abusos sexuales por parte del padre de la actual pareja de su madre.
El embarazo fue descubierto cuando la niña le contó a su familia que sentía "movimientos extraños" en su vientre. La revisión médica determinó que en ese momento la niña tenía 21 semanas de gestación.
Una tía de la menor presentó una denuncia contra el presunto agresor, detenido en una cárcel de máxima seguridad, mientras que se presentó una solicitud de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) para la niña.
Al hacerse público el caso, que sucedió en Yapacaní, departamento de Santa Cruz, al este de Bolivia, se generó un acalorado debate público entre grupos próvida del país y la Iglesia Católica y las entidades de protección de la menor que argumentaban el derecho constitucional de la niña a abortar.
¿El legal el aborto en Bolivia?
En Bolivia, una sentencia constitucional de 2014 determinó que una mujer puede acceder a un aborto legal y seguro en los casos en los que el embarazo sea producto de violación, incesto, estupro (cuando la víctima es menor de edad) o si, como resultado de la gestación, su vida o salud corren peligro.
Tan solo es necesario presentar una denuncia de violación y el consentimiento de la víctima, eliminándose el requisito de una autorización judicial que figura en el Código Penal boliviano para la realización de un aborto no punible.
Sin embargo, según le manifestó a BBC Mundo la Defensora del Pueblo Cruz al desatarse la controversia sobre el caso hace un par de semanas, la mediatización del mismo y la presión de los grupos antiaborto, lograron que la niña y su madre desistieran de continuar con la interrupción del embarazo.
Fue así como la niña fue dada de alta del hospital en el que se encontraba y se mudó a un centro de acogida de la Iglesia católica, institución que se comprometió a hacerse cargo de la menor y de su nonato.
Sin embargo, Cruz explicó ante los medios que el Tribunal de Garantías ordenó salvaguardar los derechos de la niña y la conformación de un equipo técnico que velara por su salud física y mental.
"Podemos señalar que el equipo multidisciplinario técnico-científico ha asumido la protección de la menor. El sábado por la tarde, la niña se encontraba bien de salud. Psicológicamente debe ser todavía acompañada", afirmó.
"La decisión que tomaron no debería ser pública porque afecta el futuro de la menor y todos los juzgamientos que han existido alrededor de la niña", enfatizó Cruz.
Proceso penal contra la iglesia católica
El 27 de octubre la Defensoría del Pueblo había anunciado que su oficina había presentado múltiples denuncias penales contra quienes ejercieron presiones indebidas contra la decisión de la niña.
"Estamos presentando una denuncia penal en contra de las defensorías de la niñez y adolescencia de Yapacaní y Santa Cruz, del personal médico y de enfermería del Hospital Percy Boland, la ONG y el Arzobispado de Santa Cruz que ha intervenido, y también en contra de la madre, por los delitos, en lo que corresponda, de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones constitucionales y trata de personas", señaló en su momento Cruz.
Y aseguró que con esta acción pretendían que los responsables fueran sancionados con penas de entre 15 y 20 años de prisión, "pues la víctima es una menor de edad".
El lunes, Cruz dijo que el Tribunal de Garantías le ha solicitado a la Fiscalía Departamental que reporte cada 5 días "sobre los avances e investigación sobre los hechos ilícitos de injerencia de la Iglesia católica".
La funcionaria dijo que "después de la primera definición que la menor toma para interrumpir el embarazo hubo una junta médica" que no fue solicitada por nadie y en la que inexplicablemente participó la Iglesia.
"Sí ha habido presión por parte de la iglesia y presión de ese tipo de grupos".
"En esta junta se habría definido, sin consultar ni con la madre ni con la menor, la suspensión de esa intervención, incluso habiendo puesto para tal suspensión un medicamento que estaba poniendo en riesgo inminente la vida de la menor", aseguró Cruz en la rueda de prensa..
También dijo que la Fiscalía ya cuenta con las pruebas presentadas por la Defensoría del Pueblo de la injerencia ilegal en este caso.
Según datos de la Casa de la Mujer publicados por la agencia de noticias EFE, en 2020 se registraron 39.999 embarazos de menores de 18 años en Bolivia, lo que supone que 104 niñas se embarazan por día en el país, de las cuales 6 son menores de 13 años.
