Sería una necedad negar los avances alcanzados por República Dominicana en materia de salud. La expansión de la red pública hospitalaria y el fortalecimiento de la cobertura a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social han permitido garantizar atención de salud a millones de ciudadanos.
Pero esa conquista social enfrenta amenazas silenciosas que pueden socavar su sostenibilidad.
Los fraudes dentro del sistema son más comunes de lo que ha salido a la luz.
Casos de sobrefacturación, uso de afiliados inexistentes, falsificación de recetas y reclamaciones falsas drenan recursos esenciales.
Cada maniobra fraudulenta le resta capacidad al sistema para ofrecer medicamentos, servicios de emergencia y atención digna a los afiliados. Pero también hay otra práctica malsana de algunas ARS que obstruyen a mujeres en edad productiva y personas mayores de 60 años para quedarse con los afiliados de menor riesgo de siniestralidad.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) está llamada a cerrar las zonas grises por donde se filtran esos recursos y fortalecer los controles del Seguro Familiar de Salud. Es indispensable mantener vigilancia constante, sancionar con firmeza y usar la tecnología para detectar irregularidades antes de que se conviertan en pérdidas millonarias.
Pero el reto no termina ahí. También existen ganancias excesivas y desequilibrios que deben ser revisados.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) operan bajo reglas que garantizan rentabilidad, pero esa rentabilidad no puede ser desproporcionada respecto a los beneficios reales de los trabajadores.
El sistema debe generar confianza, no indignación.
El país no puede permitir que los abusos de unos pocos erosionen la mayor conquista social de las últimas décadas. Blindar la seguridad social contra el fraude y las distorsiones es una tarea urgente.
No hacerlo sería abrir el camino al colapso de un modelo que ha dado dignidad, protección y esperanza a millones de dominicanos
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