En estos días circuló en algunos medios de comunicación una información que daba cuenta que consorcio EMDOC, adjudicatario del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, podría ser de origen o de capital mayoritario haitiano; situación que encendió una alarma en amplios sectores de opinión pública nacional.
La alarma era previsible a partir de la historia tormentosa, en términos migratorios, que ha caracterizado a los dos pueblos que comparten el territorio que conforma la isla La Española. Las especulaciones comenzaron a surgir a través de medios de comunicación tradicionales y en plataformas de redes sociales de República Dominicana. Afortunadamente, el Pleno de la Junta Central Electoral(JCE)olfateó la peligrosidad de que la cuestión ganara tiempo y espacio, por lo que salió al frente para aclarar que el consorcio adjudicatario del proceso de renovación del documento no es de origen ni de capital haitiano, tras asegurar el control absoluto, exclusivo y soberano delos datos de la población dominicana.
El Pleno del máximo órgano electoral, encabezado por su presidente Román Andrés Jáquez Liranzo, e integrado, además, por los también magistrados Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Rafael Chami Isa, Hirayda Mercelle Fernández Guzmán y Rafael Armado Vallejo Santelises; hizo la aclaración durante una comparecencia pública. Esta actitud resultó más que oportuna para evitar que se construyera una percepción negativa en torno al proceso y que pudiera empañar hasta los resultados de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales que habrán de celebrarse en el año 2028.
Una determinada percepción no necesariamente se corresponde con la realidad, pero, una vez instaurada en la psique humana, es como si fueran una verdad mil veces comprobada. El artículo 14 de la Ley 20-23, de Régimen Electoral, establece entre las atribuciones de la Junta Central Electoral el custodiar, preservar y mantener el registro civil y la cédula de identidad, lo cual implica la su responsabilidad indelegable en ese aspecto. Lo cierto es que, aparentemente, ha quedado claro que la empresa internacional ganadora se encargará de suplir los equipos, materiales y servicios para la renovación de la cédula de identidad y electoral, pero que la Junta Central Electoral tiene el control absoluto de los datos personales.
Todo el proceso de la renovación del documento será ejecutado por personal técnico del órgano electoral, lo cual garantiza que no exista ningún tipo de vulneración o manipulación de la información captada. El consorcio está conformado por cinco empresas: una dominicana, dos panameñas y dos alemanas, de conformidad a la información conocida hasta el momento. Una de las firmas alemanas, Veridos GmbH, cuenta con un 40 % de participación estatal a través de la imprenta federal alemana Bundes- druckerei Gruppe GmbH, propiedad del Gobierno alemán. A esto se suma el hecho de que la Junta Central Electoral ha obtenido certificaciones internacionales en seguridad de la información (ISO 27001) y continuidad del negocio (ISO 22301), ambas recertificadas en 2024 y 2025, lo que garantiza el cumplimiento de estándares rigurosos en el manejo de datos personales y tecnológicos.
Otro punto a favor de las autoridades electorales radica en que han tenido el cuidado de involucrar en el acompañamiento a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos, comprometiéndose a establecer reuniones técnicas con sus delegados para asegurar la transparencia del proyecto.
La responsabilidad y la honestidad mostrada por los integrantes del Pleno de la Junta Central Electoral llama a confiar en que no fallarán a la sociedad dominicana en este proyecto de renovación de la cédula de identidad y electoral
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