SANTO DOMINGO.-La estructura de microtráfico y lavado de activos enquistada en la región el Cibao, que forma parte del caso “Halcón IV”, logró permear departamentos de la Procuraduría General de la República y sus miembros son responsables de al menos 30 asesinatos en esa zona.

Las investigaciones en la denominada “Operación Halcón IV” se inició en septiembre de 2022, cuando las autoridades dispusieron el traslado de cárceles a varios miembros de la banda que, desde allí, controlaban puntos de drogas y acciones de sicariato.

Fue esta medida la que provocó que el jefe del grupo, Joel Ambiorix Pimentel García (la J), amenazara a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, con atentar contra el hijo de la funcionaria.

A mediados de junio pasado, las autoridades desplegaron en Santiago uno de los más grandes operativos contra el crimen organizado jamás ejecutado, proceso en el que se comprobó que “la J” y varios miembros de la banda habían logrado salir del país, porque sus registros criminales habían sido borrados de la base de datos de la Procuraduría General de la República.

Apresada una fiscal
Los allanamientos de ayer en la Oficina de Tecnología de la Procuraduría son parte de la ampliación de la investigación del caso denominado “Operación Gavilán”.

La fiscal adjunta de Jimaní, Pilar Irene Mejía Trinidad, tres técnicos del departamento de informática de la Procuraduría, empleados de Servicio al Usuario, un policía y un expolicía, están entre 12 apresados como parte de la investigación por la eliminación de los registros de antecedentes penales de importantes miembros del grupo del caso “Halcón IV”. Beneficiaron a sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, adulteración de alcohol y condenados, entre otros.

Los apresados fueron trasladados ayer a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta que les conozcan la solicitud de medida de coerción.

El cabecilla de la banda, Pimentel García, logró salir del país hacia Estados Unidos y desde allí viajó a España. Los informes preliminares indican que el personal de los departamentos allanados cobraban altas sumas de dinero a narcos para eliminar sus registros de antecedentes delictivos.

La alegada estructura criminal era la responsable de la mayoría de las operaciones de microtráfico de drogas en la región del Cibao central, controlando los puntos de droga y también traficaban armas ilegales. Además, se dedicaban a la extorsión y al sicariato.

Procedimientos

—1— Operativos
El Ministerio Público y la Policía realizaron el lunes allanamientos en distintas provincias.
—2— Evidencias
Ocuparon pruebas de transferencias bancarias, armas de fuego, dinero, cédulas y otros.
—3— Violación
Les imputan asociación de malhechores, cibercrimen, sobornos y lavado de activos.

Varios fiscales son investigados por el caso
Pesquisa. Varios fiscales son investigados por la “Operación Gavilán”, al ser acusados de eliminar antecedentes penales a implicados en el crimen organizado. La investigación encabezado por la directora de general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y por el inspector disciplinario de la institución, Viterbo Cabral.

En los próximos días, el Ministerio Público solicitará medida de coerción contra los fiscales.
Los miembros del Ministerio Público serán judicializados, conforme al procedimiento especializado que se requiere en estos casos.