El mercado mundial observa con incredulidad cómo el precio del petróleo se desploma en los mercados internacionales, llegando a niveles que hace unos meses eran impensables.
Nuestro es un país importador de petróleo y sus derivados, por lo que la baja en los precios tiene efectos en la economía nacional.
Lo primera es que reduce el acelerado ritmo de endeudamiento con Venezuela por el finaciamiento de parte de la factura petrolera a través de PetroCaribe.
Esa situación impulsa una baja en los precios locales de los combustibles, que en una sana aplicación de la ley de la oferta y la demanda debe traducirse en una reducción de los costos de bienes y servicios.
El costo de la vida debe bajar.
Observamos resistencia de sectores de la economía, especialmente algunos empresarios del transporte público que se resisten a aplicar las bajas, pero lo natural es que el costo del transporte de pasajeros y mercancías baje sustancialmente.
Sin embargo, en el caso dominicano se produce un efecto inesperado. Como en algún momento se introdujeron impuestos partiendo de porcentajes de los precios de los combustibles, se deberá producir una baja en las recaudaciones sin que se haya alterado la estructura tributaria.
El Gobierno vería compensado su baja de ingresos si lo recibe por la vía del incremento del consumo, lo cual puede producirse si se aplican bajas en los precios del transporte, provocando una reducción en los precios de bienes y servicios para estimular el incremento del consumo.
Este fenómeno tiene sus mecanismos de compensación fiscal, pero sólo sería posible si se dejan fluir los demás efectos que benefician al consumidor.
