Santo Domingo. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó  que la afluencia de parturientas haitianas en busca de servicios hospitalarios disminuyó un 30 por ciento en las zonas urbanas y solo un 10 por ciento en la zona fronteriza.

Esta información la ofreció en respuesta a las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante el pronunciamiento de que el país detenga las deportaciones de las embarazadas.

Manifestó que en el país no se está vulnerando ningún derecho, al tiempo que pidió a la ONU que exija a las autoridades haitianas brindarle a sus nacionales servicios de salud de calidad.

Explicó que las parturientas haitianas vienen al país puesto que en Haití un parto les cuesta 25 mil gourde, mientras que llegar al país sólo le cuesta unos 10 mil gourde.

Asimismo, indicó que en los últimos tres años se han registrado aproximadamente 93 mil nacidos haitianos, mientras que de 2010 al 2017 se notificaron 123 mil 980.

Grupos ven violatorio deportar parturientas

Organizaciones defensoras de haitianos rechazan la repatriación de parturientas desde el país, alegando que la mayoría hacen vida en territorio dominicano desde hace años, y que se les viola el derecho fundamental a la salud.

El Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (Moscth), que preside Joseph Cherubin, junto a la Red Jacques Viau, al igual que William Charpantier, coordinador de la Mesa de Nacionales Refugiados en República Dominicana condenan las deportaciones de mujeres embarazadas lactantes envejecientes y solicitantes de asilo por considerar que se violan las leyes del país e internacionales.

Afirman que con el afán de resguardar la frontera se vulnera los artículos 12 y 134 de la Ley de Migración y el Protocolo de 1999.

Estamos pidiendo que cesen las deportaciones ilegales de dominicanos de origen haitiano, que viola las normas, los derechos de los ciudadanos que viven en condiciones de ilegalidad y con documentación en el país; al mismo tiempo reconocemos que el Estado tiene derecho de deportar a quien esté en su territorio, pero respetando el debido proceso”, comentó Joseph Cherubin.

Adelantó que las organizaciones que luchan por emigrantes estudian la posibilidad de presentar una demanda judicial contra el Ministerio de Interior y Policía, Migración y la Justicia.

Sostuvo que en el mundo no existen personas ilegales, y que por humanidad, estas acciones no son posibles. Jesús Vásquez, ministro de Interior y Policía reiteró el domingo que el país no puede asumir la solución socioeconómica de Haití. Igual dijo reforzarán la frontera para evitar la entrada irregular de parturientas haitianas.