Awilda Cuello 
Avión incautado
SANTO DOMINGO.- El avión que incautó Estados Unidos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aún está en el aeropuerto dominicano Joaquín Balaguer(El Higuero).
La aeronave, matricula J7 ESPERT, estaba desde hace más de un mes recibiendo mantenimiento.
Estados Unidos requirió la incautación a las autoridades dominicanas por violación al embargo ya que el mantenimiento se lo daban con piezas compradas en EE.UU y se pagó el servicio usando el sistema financiero estadounidense.
Se trata del más reciente episodio de una relación fría de larga data entre Washington y el país sudamericano, y parte de las investigaciones en curso del Gobierno estadounidense sobre las supuestas prácticas corruptas del Gobierno venezolano.
Todavía no hay confirmación oficial sobre lo sucedido, un presunto decomiso que se dio después de que Estados Unidos determinara que la adquisición de la aeronave “violaba las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales”, apunta la cadena de televisión CNN.
Funcionarios estadounidenses no revelaron por qué, pero se presentó “una oportunidad” para confiscar la aeronave en una operación en la que estuvieron involucradas varias agencias federales, que trabajaron “en estrecha colaboración con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación».
Los funcionarios describieron el avión como el equivalente venezolano al Air Force One y aseguraron que con este decomiso se pretende enviar “un mensaje a los más altos mandos” del Gobierno venezolano. El vehículo aéreo ha sido fotografiado en varias visitas de Estado de Maduro alrededor del mundo.
Durante años el Gobierno estadounidense ha confiscado docenas de vehículos de lujo, entre otros activos, que se dirigían a Venezuela, pero nunca un vehículo de tanta relevancia y simbolismo.
El pasado mes de abril, Estados Unidos revirtió parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, al acusar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado. Desde las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio, Estados Unidos ha sido muy crítico con el Gobierno de Maduro.
La semana pasada, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que la continua negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela a defender los estándares internacionales y venezolanos de transparencia es una “violación inaceptable” de las leyes del país. Su declaración, difundida tras haberse cumplido un mes de los comicios del 28 de julio en Venezuela, criticó igualmente el intento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “controlado por (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro, de silenciar las voces de los votantes ratificando el anuncio infundado del CNE de una victoria de Maduro».
Como respuesta, el Gobierno de Venezuela aseguró que “no debe explicaciones” a Estados Unidos sobre la reelección de Nicolás Maduro. A juicio del país caribeño, el Departamento de Estado de EE.UU. “insiste en su despreciable posición de meterse en asuntos que no son de su incumbencia”, apuntó el canciller venezolano, Yván Gil.
