Santo Domingo.-El Ministerio de Salud Pública depositó ayer la querella ante la Fiscalía Especializada de la Salud en contra de la supuesta neurocientífica Elizabeth Silverio, por ejercer la medicina en el país sin un exequatur como establece la Ley General de Salud.

Así lo informó el consultor jurídico, Luis Tolentino, al indicar que han accionado conforme a lo relacionado con la salud, mientras que en el caso de educación y los niños deben intervenir otras instancias.

En ese sentido, dijo que vienen trabajando con nóminas del ministerio y el Servicio Nacional de Salud (SNS) para identificar a los médicos que no tienen exequatur o títulos.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias han detectado cuatro casos, incluyendo el de Silverio, cuyo delito puede ser sancionado desde dos a 10 años de prisión.
Llamó a la población a que asiste a un centro de salud a verificar que este tenga su pergamino con el permiso de habilitación que debe colocarse en un lugar visible.

Señaló que deben asegurarse a través de la web del MSP que el médico tenga su exequatur aprobado.
Tras salir a relucir la información en Nuria Investigación Periodística, el centro Kogland que dirigía Silverio fue cerrado porque no contaba con una licencia de Salud Pública para ofrecer servicios médicos.

Con este, en lo que va de año, son 137 los centros públicos y privados que han sido intervenidos y cerrados hasta que se haga una investigación, según reportó el director de Habilitación y Acreditación de Servicios y Establecimientos de Salud, Juan Gerardo Mesa.

Estos han cesado sus funciones por la falta de permisos para operar, incumplimiento en la renovación y violación a la cartera de servicios.

Y es que antes de abrir un centro se debe tener la referida licencia de habilitación y una cartera de servicios definida y aprobada, por ejemplo, no se puede practicar una cirugía si el centro no tiene permiso para intervenir quirúrgicamente a un paciente.

Cese servicios

— Razón
Salud Pública ha cesado funciones a establecimientos por la falta de permisos para operar y por incumplimiento o violación a la cartera de servicios. Esta última debe estar definida y aprobada antes de abrir el centro.