Santo Domingo.- La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Liga Municipal Dominicana (LMD) aclararon de forma categórica que no han sido eliminadas las sanciones por el incumplimiento de la normativa presupuestaria municipal en las modificaciones introducidas al artículo 21 de la Ley núm. 176-07.
Mediante un comunicado, los presidentes de ambas instituciones, Nelson Núñez (Fedomu) y Víctor D' Aza (LMD), explicaron que lo aprobado por el Senado de la República establece que las sanciones serán impuestas conforme a las disposiciones de la Constitución de la República y el nuevo Código Penal Dominicano, el cual contempla la destitución de los funcionarios municipales que incumplan la ley.
Las entidades explicaron que la modificación a la Ley 75-25 no despenalizan la falta ni elimina el régimen de consecuencias e indicaron que las informaciones difundidas recientemente en medios de comunicación interpretaron de manera imprecisa el alcance de la modificación al artículo 21 de la Ley núm. 176-07.
"Cualquier interpretación distinta carece de sustento jurídico y contribuye a una lectura errónea del alcance real de la reforma", reiteraron los dirigentes.
Fedomu aplaude la modificación
La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) valoró de manera positiva las modificaciones realizadas, especialmente las disposiciones contenidas en el artículo 3, con la readecuación de los topes presupuestarios que permite armonizar el régimen financiero municipal con la lógica del Presupuesto General del Estado.
La entidad destacó que la estructura de ingresos y gastos favorecen una mayor coherencia normativa y una aplicación más realista del marco presupuestario a nivel local. Asimismo, señaló que la actualización legal no supone un debilitamiento de los principios de transparencia, control y rendición de cuentas.
Por consiguiente, considera que la revisión del artículo 3 de la Ley # 75-25 y su adecuada articulación con la Ley # 176-07 contribuyen a una gestión municipal más equilibrada.
Nuevos ajustes fortalecen la seguridad jurídica
Los gobiernos locales continúan plenamente sujetos al marco constitucional, a las leyes de administración pública, a los órganos de control del Estado y al escrutinio ciudadano, pilares esenciales de la buena gobernanza y de la autonomía municipal responsable.
Este ajuste fortalece la seguridad jurídica, mejora la planificación financiera y dota a los ayuntamientos de herramientas más acordes con su funcionamiento operativo.
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