Santo Domingo.- Unas 13 compañías de seguridad privada que operaban ilegalmente fueron intervenidas desde agosto de 2016 hasta agosto de 2018.
Las intervenciones fueron realizadas luego de un trabajo coordinado entre la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Procuraduría Especializada para el Control del Tráfico Ilícito de Armas, y el Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP).
La Procuraduría informó que las intervenciones a estas compañías se han llevado a cabo durante operativos conjuntos en los que se ocuparon unas 567 armas de fuego ilegales y fueron arrestadas unas 24 personas, entre propietarios, administradores y gerentes, quienes fueron sometidos a la acción de la justicia y se les impuso a varios de ellos distintas medidas de coerción y condenas.
La institución detalló que las empresas intervenidas e investigadas por operar ilegalmente son Escuela Private Security, Private Security, Seguridad Suprema, Atlanty, Inter-Com. Dijo además que, en fase de instrucción en la justicia con medidas de coerción ya impuestas contra sus ejecutivos, está la compañía Security Protection Center, SRL.
De igual manera, dijo que la compañía Alcones del Caribe, fue cerrada de manera provisional y se encuentra en juicio de fondo, mientras que se encuentran en fase de audiencia preliminar las empresas Special Armed Security, Compañías de Seguridad G3D, Professional Security And Services y Sepcter.
El órgano a cargo de la persecución de las armas ilegales, explicó que las empresas Leev, Guaposa y R&P, tienen sentencias condenatorias definitivas, además de que se logró el cierre de las compañías, la imposición de multas y la confiscación de los bienes incautados.
La declaración explica que las diligencias de investigación realizadas en esos casos fueron autorizadas mediante órdenes judiciales, siendo ejecutadas por la Procuraduría Especializada para el Control del Tráfico Ilícito de Armas de la PGR, y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del MIDE.
En relación a las compañías investigadas en el indicado período, se informó que operaban en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, La Altagracia, Puerto Plata, Santiago, Barahona, Higüey, Pedro Brand, La Vega, Moca, Salcedo y San Francisco de Macorís, así como en el municipio de Las Terrenas, en Samaná.
Explicó que entre las armas ocupadas en las mencionadas empresas hay un total de 396 escopetas, 91 revólveres y 80 pistolas, de las cuales no se tenía ningún tipo de documentación, las marcas eran ilegibles, y algunas de ellas se estableció que habían sido retroqueladas y clonadas, además de que varias tenían el mecanismo de función alterado.
