SANTO DOMINGO.-La Policía Nacional por medio de su Instituto de Dignidad Humana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) , la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud Pública la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas acordaron mediante un documento, el respeto de los derechos de las trabajadoras sexuales, la garantía de su acceso a los servicios de salud, entre otros puntos.
El documento fue firmado como parte del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables e incluye el compromiso de capacitar y sensibilizar a policías y fiscales sobre los derechos de estos grupos y que hacen trabajo sexual.
Por la sociedad civil firmaron el acuerdo el Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu), encabezada por su directora Jaqueline Montero, la figura pública más importante de las trabajadoras sexuales, la Comunidad Transexual, Trasvestis, el COIN y la organización internacional Healt Policy Project.
Montero manifestó a los periodistas que el acuerdo busca detener la larga historia de abusos de que son objetos las mujeres y los hombres que hacen trabajo sexual, regularmente acosados y reprimidos por agentes policiales y funcionarios de la justicia, en desmedro de sus derechos.
En un evento de dos días, que terminó hoy viernes, realizado en el Auditorio Caribeño de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, con una nutrida concurrencia de mujeres y hombres que hacen trabajo sexual, se establece igualmente favorecer la creación de empleos, la promoción de políticas públicas para la prevención y atención de la violencia basada en género contra estas personas.
En el salón se sentía una alegría inusual compartida por las mujeres y hombres que han sufrido mucha represión de parte de autoridades motivadas por el prejuicio. A lo largo de las exposiciones se denunciaron los malostratos, golpizas, arrestos arbitrarios y el trato muchas veces impropio a esas personas llevadas bajo arresto, por parte de las autoridades judiciales, y particularmente de fiscales y en algunos casos magistrados y magistradas del sistema judicial.
El amplio salón caribeño de la Biblioteca Nacional se vio colmado de personas que durante dos días debatieron sobre la situación de estos grupos vulnerables. Mujeres que hacen trabajo sexual en lugares públicos, incluyendo avenidas de mucho tránsito, asi como hombres (tanto gays, transexuales como hombre que tienen sexo con hombres a cambio de un pago) también estuvieron presentes, así como ejecutivos de instituciones que impulsan este proceso de defensa, tanto entidades nacionales como internacionales.
Se comprometen las entidades firmantes a impulsar el proyecto de ley de No estigma y Discriminación a las trabajadoras sexuales, la comunidad gay (GLTB) y a quienes viven con VIH-SIDA, además de crear una comisión de la llamada “veeduría social” sobre trabajo sexual y derechos humanos.
Se establece igualmente en el acuerdo que se promoverá el acceso, libre de estigma y discrimen a la educación y la salud a estas poblaciones, al tiempo de que se apoyarán programas y proyectos de oportunidades de empleos para las y los trabajadores sexuales.
Las personas e instituciones firmantes del acuerdo son: coronel José Francisco García, director ejecutivo del Instituto de Dignidad Humana de la Policía Nacional; Víctor Terrero, director ejecutivo del CONAVIHSIDA, César Castellanos, director en RD de Health Policy Project; Francini Placencia, directora general de Monitoreo y Evaluación de la Calidad, del Ministerio de Salud Pública, Santo Rosario, por el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), Raissa Crespo, oficial de Género del PNUD y Manuel María Mercedes Medina, del Comité Nacional de Derechos Humanos. La asistencia de esta mesa principal del Observatorio estuvo a cargo de Guillermo Peña, de la Coordinadora de Incidencia Jurídica Observatorio de Derechos Humanos.
Ley anti-discrimen
El doctor Víctor Terrero anunció que se tiene todo listo para el sometimiento al poder legislativo del proyecto de ley de no discriminación, que establecerá sanciones y penas para las personas o instituciones que practiquen discrimen contra determinados grupos en base a su orientación sexual.
Explicó que se han hecho los contactos con diputados y senadores y se ha concluido la redacción del anteproyecto para que sea parte de la historia nacional la etapa en que se discrimine, tanto en el trabajo, la comunidad o los servicios de salud, a las personas por su color, su orientación sexual y otras condiciones.
