Austeridad: del dicho al hecho

Hay un refrán que reza “¡A lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta!” el cual retrata fielmente la actitud de aquellas personas de escasa conciencia y por tanto poca consideración por los bienes colectivos.

Hay muchos dominicanos por ese derrotero, que piensan “lo que es de todos no es de nadie”. De ahí que muchos avivatos aprovechen cualquier posición en el Estado para enriquecerse y aún así consideran que no delinquen, que no le están haciendo daño a nadie.

Recuerdo que a su llegada al poder, Leonel Fernández argumentó que la mejor forma de controlar la corrupción en el Gobierno era “adecentar” los sueldos de los funcionarios y produjo un aumento significativo en los cargos altos y medios.

Paradójicamente, eso no hizo más que abrir el apetito de los compañeritos quienes, además de buenos salarios, se la ingeniaban para recibir cada vez más dinero del Estado, bien a través de viáticos, incentivos, tarjetas de crédito institucionales, pero de uso discrecional. Posteriormente vinieron las nominillas y toda esa inmundicia que ha puesto al descubierto la operación Coral.

Con el paso de los días, y gracias a las investigaciones del Ministerio Público, nos vamos enterando que ese esquema de corrupción de la Operación Coral era replicado en muchas instituciones públicas, quizá en la mayoría. Ahora se entiende por qué a pesar de que la economía crecía en promedio 5%, el país se endeudaba el doble.
Es que no hay nada más insaciable y voraz que un pequeño burgués corrompido. Nada le es suficiente.

Pero todo tiene, o debe tener, un límite. Sobre todo si hay una sociedad despierta y atenta.
En efecto, la parte más sana de sociedad ve con buenos ojos las medidas de austeridad anunciadas el domingo pasado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 396-21, que implica reducir el gasto de los organismos autónomos y descentralizados, los viajes al exterior, así como la compra de vehículos de lujo.

Prohíbe las salidas de funcionarios al exterior sin autorización, limita las exoneraciones y exenciones de vehículos. Y prohíbe el uso de vehículos oficiales los fines de semana y días feriados.

Igualmente queda prohibido el uso de franqueadores motorizados en desplazamientos de los servidores públicos, salvo excepciones.

En cuanto a la Policía Nacional, le ordena la reducción de personal asignado a instituciones y funcionarios en al menos un 50%, para que el resto sea dedicado a fortalecer la seguridad ciudadana.

Todo eso es plausible. Sin embargo, vale decir que no es la primera vez que en el país se anuncia un plan de austeridad semejante. El problema es que –hasta ahora- nunca lo han cumplido.

Por eso, la sociedad debe estar atenta al fiel cumplimiento de las medidas de austeridad anunciadas por el ejecutivo. Porque, como todos sabemos, del dicho al hecho, hay un gran trecho.

Esperemos y exijamos que esta vez sí se cumpla. Es imprescindible e impostergable mejorar el gasto público, por el bien de todos. Se puede.