Los tollos en las leyes de partido políticos y la electoral siguen dando carpeta. Ahora resulta que la misma Ley dispuso que quien se empadronaba en el exterior no podía votar en el territorio nacional, lo cual era permitido por vía administrativa en los periodos pasados.
Como ha venido siendo costumbre, las consecuencias de ese tollo quiere que lo pague la Junta Central Electoral, que desde el principio estuvo en desacuerdo con mucho de los desatinos de esas legislaciones.
En dos frentes
La oposición ha decidido tener “bajo vigilancia” y en observación a la Junta Central Electoral en el entendido de que ésta no ha impuesto controles al uso de recursos públicos a los candidatos oficialistas.
Pero por otro lado, el oficialismo ha decidido tomar la ofensiva para evitar quedar atrapado en el tradicional “denuncismo” electoral.
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