RIO DE JANEIRO.— Crecían las tensiones en la víspera de manifestaciones políticas previstas para el domingo en Brasil, tanto de los partidarios del oficialismo como de los que promueven el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.
Los grupos de oposición vienen planeando las manifestaciones por la impugnación desde hace semanas y esperan la participación de millones en todo el país. Pero las divergencias han aumentado desde que días atrás la policía se llevó al predecesor de Rousseff, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a una comisaría en Sao Paulo para interrogarlo como parte de una investigación de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras.
Se prevén contramanifestaciones del Partido de los Trabajadores, lo que hace temer a las autoridades que se produzcan enfrentamientos violentos.
El juez de la corte suprema, Marco Aurelio Mello, expresó al diario carioca O Globo su temor de que las protestas lleven a un conflicto e “incluso un cadáver”.
El gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, del partido opositor PSDB, ha prohibido que los partidarios del gobierno marchen por la avenida principal de la ciudad el domingo para “garantizar la seguridad”.
Brasil padece su peor recesión en varias décadas, y según las estadísticas oficiales recientes, la economía se contrajo en casi 4% el año pasado. Los índices de aprobación de la gestión de Rousseff cayeron por debajo del 10% en el primer año de su segundo período presidencial.
El Congreso ha iniciado un proceso de impugnación ante denuncias de que usó fondos de los bancos estatales para cubrir déficits presupuestarios. No se la ha mencionado en la gigantesca investigación en Petrobras, en la que están implicados muchos de los empresarios más ricos de Brasil y políticos de todo el espectro, incluido últimamente Lula, el mentor de Rousseff.