SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE), informó este jueves por la noche que aumentó a 28 el número de fallecidos tras una explosión ocurrida el pasado lunes en una zona comercial de San Cristóbal.
La entidad indicó que el paciente se encontraba en la UCI del Hospital Juan Pablo Pina. Asimismo, comunicaron que la cantidad de heridos disminuyó a 58.
Aunque el COE aseguró a temprana horas de este jueves que ya no había desaparecidos, varias personas afirman que desconocen el paradero de sus familiares y, tres días después, siguen reclamando información.
En una rueda de prensa, el director del Instituto Nacional dominicano de Patología Forense, Santo Jiménez, alertó de que la identificación, en algunos casos, puede prolongarse hasta seis meses dado el estado de los cuerpos.
Las autoridades mantuvieron este jueves una reunión con las familias de las víctimas de la explosión para informarles sobre el proceso y pedirles información sobre las características físicas de sus allegados (edad, sexo, raza, estatura o peso), si tenía algún dispositivo en el cuerpo o presentaba alguna marca quirúrgica.
Por otra parte, Salud Pública informó que más de un centenar de personas han recibido asistencia psicológica en la zona y que el común denominador es “pánico, angustia y desolación».
Señaló que una veintena de brigadas realizan labores casa por casa para identificar posibles afecciones respiratorias y otras enfermedades que pudieran intensificarse por lo ocurrido.
Tres días después del accidente se siguen investigando las causas de la explosión, que presuntamente se inició en una ferretería y se extendió a otros comercios, los cuales quedaron totalmente destruidos, por lo que autoridades de la zona aseguran que los daños materiales son cuantiosos.
Abinader, impactado por la situación y que ya ha visitado dos veces San Cristóbal, ordenó que efectivos de la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas se incorporen a la investigación para esclarecer las causas de la explosión.
El jefe de Estado afirmó que el Gobierno dominicano dispondrá toda la ayuda necesaria para los afectados y se evaluará la situación de las infraestructuras que puedan suponer un peligro para proceder a su demolición.
Hoy la Cámara de Diputados aprobó una asistencia económica de 2 millones de pesos (algo más de 35.000 dólares) para los damnificados, una parte a cargo de la institución y otra descontada de la nómina de los legisladores.
Esta tragedia se suma a la ocurrida en octubre de 2020 en el municipio de Licey Al Medio, en Santiago (norte del país), donde once personas murieron a causa de un incendio en una estación de gas propano, cuyos propietarios fueron detenidos.
También se registró un siniestro de este tipo en diciembre de 2018 en una fábrica de plásticos en el sector capitalino de Villas Agrícolas, causada por una fuga de gas y que dejó ocho muertos y decenas de heridos de diversa consideración.