Joan Vargas 
SANTO DOMINGO.-El pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) aprobó dos resoluciones que contienen los informes finales de investigaciones realizadas al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), en las que se evidenciaron desvíos de fondos públicos, despilfarro, malversaciones y apropiación de recursos estatales.
Tras haber estudiado los detalles de los hallazgos reportados en las conclusiones, la CCRD establece que se encontraron al rededor de 45 inobservancias e irregularidades en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2012 y el 16 de agosto de 2020, durante la gestión del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe de Seguridad del expresidente Danilo Medina.
Entre los hallazgos figuran pagos a proveedores de bienes y servicios sin evidenciarse los procesos de selección establecidos por la ley, por valor de RD$683,368,964, pagos a personal que no laboraba en la entidad por valor de RD$6,575,626 y a personas que laboraban en otra entidad del Estado por valor a RD$1,248,650.
Según el informe, se evidenciaron certificaciones de fondos sin identificar las cuentas financieras por valor de RD$1, 806,660,247, se evidenció pagos por concepto de inteligencia sin soportes de valor de RD$959,589,419, compras sin evidencia de certificación del pago de impuestos y a la TSS, por valor de RD$ 436,281,186, además de detectar distribución de combustibles sin certificación de permiso o licencia, por valor de RD$464,463,401.
Cestur
Los hallazgos documentados a los estados financieros y contables en la investigación especial de la Cámara de Cuentas practicada al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), en la gestión del general Juan Carlos Torres Robiou, se detectaron anomalías financieras por cientos de millones de pesos.
Entre las anomalías más críticas figuran los contratos de bienes y servicios sin aplicar los procedimientos de selección por la suma de RD$477, 463,125; pagos a empresas que no eran beneficiarias finales de los recursos, ni proveedoras de servicios, por un monto de RD$ 77, 502,077 y ausencia de política y procedimientos para pagos de compensaciones por servicios de seguridad al personal policial por RD$603, 779, 506.
Dichas auditorías, a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, serán utilizadas en audiencias de los casos Coral y Coral 5G que se les siguen a Cáceres Silvestre y Torres Robiu.
Proceso
—1— Imputados
El procurador adjunto, Wilson Camacho, reveló que la acusación contra los involucrados en la Operación Coral incluirá a nuevos imputados y empresas.
—2— Intimación
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional intimó al Ministerio Público para que presente pruebas contra los imputados en la Operación Coral.
