Jacques Attali es un economista e intelectual francés, autor del best seller “Breve Historia del Futuro” y además primer Presidente del Banco Europeo de Reconstrucción desde el 1991 al 1993. Attali fue contratado por el gobierno dominicano para apoyar al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en el año 2010 y complementar los trabajos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

A un costo de más de un millón doscientos mil euros la Attali Asociete elaboró un total de 77 propuestas concretas de implementación, muchas de las cuales están consignadas en la Ley 112-12 sin que por ello alguna fuera aplicada. Una de esas propuestas, específicamente la número 10, aparece en el capítulo de Reforma del Estado, y recomienda: “Limitar el número y el tamaño de los ministerios, de los viceministerios, de las delegaciones diplomáticas y de las instituciones en general mediante una Ley Orgánica”.

Efectivamente, en el año 2012 fue promulgada la Ley Orgánica de la Administración Pública que regula los ministerios, limita la cantidad de viceministerios, aunque irónicamente, y contrario a lo aconsejado por Attali, -y demás informes que sirvieron de base a la END- creó un nuevo ministerio para la propia Admistración Pública.

La República Dominicana se encuentra ya en el exclusivo club de los países con mayor número de ministerios en relación a su población con 23, siendo solo superado por Venezuela, que tiene 33. Cada uno de esos ministerios, además de cargar con una nómina a menudo excesiva, tiene la facultad de diseñar, coordinar e implementar políticas para un sector socio-económico en específico.

Recientemente fue propuesta como parte de una oferta electoral nada menos que un nuevo ministerio: el Ministerio de la Diáspora o de dominicanos en el Exterior. Propuesta a la que no regateamos su visión innovadora, pues sería el primer ministerio en el mundo con esa característica. Sorprende, sin embargo, que haya sido el propio auspiciador de la contratación de Attali que eche por suelo las recomendaciones de su informe y de la propia Estrategia Nacional de Desarrollo.

Sería conveniente conocer el alcance institucional de ese ministerio, y cual sería el sector de políticas públicas que habría de regir conforme la Ley de Organización de la Administración Pública. ¿Será que ya no tendrían razón de ser de los consulados quienes tienen la resposabilidad de ofrecer servicios y representar y velar en las ciudades de destino por los dominicanos residentes en el extranjero? ¿Será que envisionamos un ministerio doméstico con capacidad de influir o intervenir con las políticas públicas de los países soberanos donde residen esos dominicanos?

El ministro en cuestión, ¿tendría sede en cuál de todos los países que alojan comunidades de dominicanos? ¿Cuál sería la relación con los diputados de ultramar que se establecen en el Congreso dominicano para ser voceros de los dominicanos de la diáspora?

Estas no son preguntas necias, pues un candidato a la Presidencia, que conoce con experiencia de tres términos de gobierno el manejo del Estado y también de las relaciones internacionales, si se despacha con esta propuesta que, a simple vista, sólo abona a la perpetuación de un Estado más pesado, burocrático, anacrónico, con solapamiento de funciones como todos los informes serios de competitividad revelan, debe tener argumentos sólidos y rigurosos, tanto institucionales, jurídicos como presupuestarios.

De lo contrario, podríamos pensar que son repentismos populistas para cautivar un electorado cuya inteligencia se desdeña e ignorar que estamos ante nuevos tiempos que demandan de políticas más integrales, coherentes, con mayor eficacia, transparencia y priorización en el gasto público.

*Por Andrés van der Horst Álvarez