La semana pasada propuse que el presidente Luis Abinader convoque a un diálogo con los principales actores políticos y sociales del país para discutir la estrategia del Estado dominicano frente a los retos que nos plantea la crisis en Haití.

Son muchas las razones por las cuales es necesario, pero una de las más importantes es que, en una democracia sana, los agentes que actúan con responsabilidad suelen evitar vulnerar los compromisos públicos que asumen.

En este caso, lo anterior es significativo porque buena parte de las decisiones para una política efectiva frente a la situación requerirán que el Estado sea coherente al respecto durante largo tiempo.

Es decir, el acuerdo debe ser tan amplio y sólido que no se vea afectado por los cambios en la fortuna política de los actores, ni a corto ni a mediano plazo. Quizás durante décadas.

Así las cosas, la mejor manera de que todos se aten a los resultados del debate es que todos participen y los asuman públicamente. La amplitud de este consenso también ayudará a identificar con mayor facilidad a quienes tomen el tema de forma irresponsable, algo no infrecuente en nuestro país.

También es conveniente porque cualquier enfoque del tema requerirá que, de una vez por todas, el Estado asuma en serio regular la migración.

Al margen de cualquier otro tipo de consideración, lo cierto es que, hoy por hoy, la mano de obra haitiana tiene un papel fundamental en nuestra economía. No es realista, pues, pretender que desaparezca.

Lo que sí podemos hacer y no hacemos, es poner orden en el régimen migratorio. Cosa que algunos de los autoproclamados defensores de la soberanía tuvieron oportunidad de hacer y no hicieron cuando ocuparon la Dirección General de Migración.

Cualquier propósito responsable en ese sentido tomará años, muchos años, en los que discurrirán varios períodos de gobierno. Por eso, reitero, es imprescindible atar las voluntades desde ahora y convertir el tema en uno de unidad nacional en lugar de trampolín de oportunidades políticas.