Buenos Aires, Argentina.- La Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SP) conoció el informe sobre la libertad de prensa en la República Dominicana en el que se destacan intentos legislativos por condicionar el acceso a las informaciones públicas y el ataque del que fue objeto el reportero gráfico Franklin Guerrero por parte de personas vinculadas al acusado de ser el mayor distribuidor de drogas en Santo Domingo.
El informe fue presentado el domingo por Manuel Quiroz, director de El Caribe y vicepresidente para la República Dominicana de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.
A continuación el texto íntegro del informe:
En este período ha surgido una serie de situaciones preocupantes que, de persistir y prosperar, pueden entorpecer el libre ejercicio periodístico.
Un hecho de preocupación fue el intento de introducir en el proceso de reforma para una nueva Constitución una pretendida cláusula de información veraz que podría prestarse para establecer cortapisas, presiones o restricciones a los medios de comunicación, como ocurrió en otros países.
Después de una reacción de rechazo por parte de medios, periodistas y diferentes sectores de opinión pública, la iniciativa fue desestimada.
El diputado Alfonso Crisóstomo propone modificar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, a pesar del amplio rechazo que su iniciativa ha provocado en la prensa e incluso en la Cámara Baja y bancadas partidarias.
Crisóstomo quiere un acceso regulado a los datos en dependencias oficiales, mientras la corriente generalizada sostiene que debe mantenerse con sentido pleno y expedito, como está consagrado en el texto vigente sin ningún tipo de restricción o debilitamiento.
Se teme que estos cambios puedan dificultar el acceso a informaciones esenciales que la sociedad debe conocer sobre la forma en que se manejan los fondos públicos, facilidad que tienen periodistas y ciudadanos.
La propuesta de Crisóstomo asestaría un serio revés a la lucha contra la corrupción, porque garantizaría impunidad a funcionarios que incurran en manejos dolosos. La propuesta comenzó a ser impulsada luego de unas investigaciones periodísticas que demostraron falta de transparencia e irregularidades en diferentes oficinas públicas.
Otro proyecto de ley que provocó gran repudio fue el de la senadora Amarilis Santana para obligar a los medios escritos y electrónicos a difundir gratis la publicidad educativa, lo que se consideró como una injerencia en la independencia editorial.
Un aspecto no menos inquietante es la tendencia que se mantiene en algunas esferas de intolerancia frente a la labor legítima de los medios de buscar y difundir informaciones de interés general, sin importar que afecte a determinados sectores.
El hecho más reciente pero no exclusivo, porque se ha registrado un sinnúmero de casos de parecidas características, fue la golpiza en el Palacio de Justicia al fotorreportero y comentarista radial Franklin Guerrero de parte de guardaespaldas de un presunto narcotraficante. Luego la vivienda del comunicador fue tiroteada por individuos que andaban en motocicletas.
En este período nació Antena, una agencia de noticias oficial que suscitó aprensiones desde que el Gobierno anunció su creación en abril. Los temores se han disipado ya que se ha transformado en una fuente adicional de información.
Advertencia
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, advirtió sobre el surgimiento de un esquema legal establecido a nivel continental cuyo marco popular y democrático es solo un pretexto para aprobar leyes que buscan debilitar a los medios.
