SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, Andrés Astacio, dijo que entrego al Ministerio Público las pruebas que sustenta un desfalco de RD$30,000 millones durante la última administración.

Así se expresó el funcionario a la salida de la procuraduría, tras ser entrevistado por casi una hora por miembros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) encabezada por su titular Wilson Camacho.

Astacio manifestó que «volverá ser llamado», tras señalar que entre las irregularidad encontradas están en las «compras irregular de unos medidores que el Estado perdió RD$5,500 millones que fueron sobreevaluados por las autoridades de la pasada gestión».

Indicó otras irregularidades detectadas en las empresas distribuidoras de energías eléctricas como son los costos en la venta de materiales, procesos de compras- contrataciones que no cumplieron con los procesos establecidos en la normativa vigente y pagos que no se cumplían con los procesos internos.

“Nosotros venimos para conversar con el Ministerio Público al respecto sobre los hallazgos que hemos encontrado y como ellos son un ente competente que tomen las decisiones que corresponden”, precisó el funcionario, tras manifestar que fue requerido por la directora de Persecución Yeni Berenice Reynoso, y el titular del Pepca Wilson Camacho.

Esto, luego que denunció que a través de varias auditorías realizadas por esa institución determinaron que las diferentes irregularidades que se encontraron, le costaron a la entidad más de 30 mil millones de pesos.

“Para que el pueblo tenga una idea de lo que estamos hablando, todas las irregularidades que se encontraron en la gestión pasada estimamos que de mala administraron más de 30 mil millones”, explicó.