Cada año mueren en el mundo más de 4 millones de personas por efecto de la polución del aire, 5 veces más que por el COVID-19.

En RD la diferencia no es tan dramática: 1,630 por el COVID-19 durante 2020 vs 1,913 por la contaminación del aire, según un estudio reciente del Ministerio de Energía.

Afortunadamente, elevar la calidad del aire cuesta mucho menos. Hace falta actualizar nuestros estándares a la luz de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Contaminantes tan dañinos para la salud como el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y las partículas de 2.5 microgramos (PM25), por ejemplo, reciben un trato sumamente permisivo en nuestro reglamento técnico-ambiental de calidad del aire, dictado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2017.

El dióxido de azufre, según dicho reglamento, “provoca asma, bronquitis aguda y enfisema” así como muertes prematuras. Sin embargo, la norma permite emisiones superiores en 650% a lo recomendado por la OMS.

El dióxido de nitrógeno, emitido por carros, camiones y plantas eléctricas diesel, agrava las enfermedades respiratorias, causando “irritación en los pulmones” y dañando sus células.

Tiene particular efecto sobre los niños y adultos con enfermedades respiratorias. En un país con 40% de muertes neonatales por afecciones pulmonares, sorprende que el reglamento permita emisiones de dióxido de nitrógeno 150% superiores a la directriz de la OMS.

Las PM25 —que se alojan en los pulmones y de ahí pasan al torrente sanguíneo para provocar arritmia cardíaca y ataques al corazón— causan el cáncer del pulmón. Sin embargo, nuestra normativa las permite a niveles 160% superiores a los de la OMS.

No sólo el reglamento es permisivo sino que su observancia es poco menos que nula. Otro estudio reciente del Ministerio de Energía aportó las primeras mediciones conocidas de calidad del aire, demostrando que las emisiones de PM25, por ejemplo, exceden 254% lo recomendado por la OMS.

Así, además de actualizar el reglamento, hay que aplicarlo estrictamente, evitándole US$2 mil millones en costos al sector salud según el Ministerio de Energía.

No hay forma de justificar las muertes por causas evitables como la contaminación del aire. Aplicando estrictamente un reglamento actualizado podemos incluso superar las recomendaciones de la OMS para adoptar la normativa europea EUR 6, como paso firme hacia las energías alternativas en el transporte.

Esto costaría US$519 millones, una fracción del monto ya invertido en contener el COVID-19. La diferencia sería que al eliminar el azufre de nuestros combustibles y minimizar las emisiones de otros contaminantes salvaríamos más vidas que las perdidas por la pandemia.

Así como en la Unión Europea las normas de calidad del aire son cada vez más estrictas en la transición hacia el transporte eléctrico, de gas natural y de hidrógeno, así deben serlo las normas dominicanas. Nosotros, que todo lo importamos, podemos actuar con mucha más celeridad. No esperemos un día más para respirar ese aire limpio al que aspiramos y así salvar vidas de muertes evitables.