Mayra Guzmán.
SANTO DOMINGO.- Mayra Guzmán De Los Santos, aspirante a titular de la Defensoría del Pueblo, recibió “con mucha alegría” iniciativas puestas en marcha por el gobierno del presidente Luis Abinader, las cuales dijo están “dirigidas a lograr una mayor participación ciudadana, al fortalecimiento del Estado de Derecho y una mayor transparencia en la administración pública”.
Citó además otras acciones puntuales del Estado que ha recibido con beneplácitos, como son “la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, así como el involucramiento de todos los entes sociales para eficientizar los recursos y llegar más lejos”.
Guzmán de los Santos manifestó que con las indicadas decisiones, el Poder Ejecutivo coincide con parte de las propuestas que ella ha formulado para impulsar en caso de ser elegida para la importante función de la Defensoría del Pueblo.
En ese sentido, destacó el decreto número 36-21 que crea el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas, con el objetivo de “impulsar las normas y políticas de prevención de incumplimiento regulatorio e irregularidades administrativas para potencializar la transparencia en la administración pública”.
También el decreto número 65-21 que crea el Gabinete Agropecuario para la seguridad alimentaria y nutricional de la población, a fin de estimular el desarrollo del sector agropecuario nacional, enlazando órganos afines, unidos en este importante propósito.
Refirió, asimismo, el decreto número 79-21 que crea el Comité Gestor de Voluntarios del Sector Público, con enfoque en hospitales, educación, deportes, cultura y parques nacionales, con dos modalidades, caritativo y de fiscalización y control.
Señaló que un punto que ha recalcado bastante en sus aspiraciones del cargo, es la creación de la ley orgánica de activación de los mecanismos directos de participación ciudadana, en específico “la iniciativa de nuestro Presidente de impulsar ante el Congreso su aprobación”.
“Esta ley está en espera desde el año 2010. El objetivo ha sido procurar una sociedad más participativa, y en este tenor, ha apoyado la necesidad de contar con la Ley Orgánica de la Administración Local, a que se refiere el artículo 203 de la Constitución, referente a los mecanismos directos de participación local, referendo, plebiscito e iniciativa municipal, y los cuales están consignados como derechos ciudadanos en el artículo 22 (2); y se reitera en los artículos 210 y 272 de la citada Constitución”, enfatizó.
Explicó que de América Latina, “solo cinco países no cuentan con esta activación de la participación directa de la ciudadanía, y nosotros somos uno de ellos, junto con Nicaragua, Honduras, Salvador y México”.
Resaltó que Chile tiene plebiscito desde el siglo XIX, 1817; mientras Colombia llevó a cabo en octubre de 2016 un plebiscito histórico sobre los acuerdos de paz con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARD), y ganó el “NO”, no a la impunidad”.
Se parece a Ulises Espaillat
“Visto este involucramiento de nuestro presidente Luis Abinader en propiciar las plataformas que doten a los ciudadanos del disfrute de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, podemos apreciar en él un nuevo Ulises Francisco Espaillat”, subrayó la aspirante a la Defensoría del Pueblo.
Precisó que fue el expresidente de la República Espaillat en 1876 quien “se propuso gobernar según los dictados constitucionales y democráticos, comprometido con la moral la administración pública, opuesto a los privilegios, a respetar la prensa, por lo que le reconoce un extraordinario legado por su lucha por el bienestar colectivo, el respeto a los derechos humanos y apego a la Constitución”.
En tal sentido, Guzmán de los Santos considera “será muy cómodo ser la Defensora del Pueblo con un presidente comprometido con el respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales en sentido amplio”.
“Aspiramos seguir avanzando en todos estos temas que aún están pendientes, y que los ya logrados se mantengan, cumpliendo con el principio de efectividad, todo lo cual conforman parte de nuestra lucha”, subrayó.
Indicó que siguiendo en el interés de que el país “logre una sociedad más participativa, motivamos a que nuestro Congreso ratifique el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales, del 27 de junio de 1989, entrando en vigor el 5 de septiembre de 1991”.
Guzmán de los Santos sostuvo que con la adhesión a dicho Convenio, la nación dominicana implementará “la consulta previa, libre, informada y de buena fe, para los casos de explotaciones mineras en los cuales la comunidad afectada pueda ser consultada, reconociéndole el derecho a la consulta previa como un derecho fundamental con rango constitucional”.
“Que toda autorización de explotación minera requiera previamente un estudio de impacto ambiental y de consulta a la comunidad que pudiera resultar afectada de manera directa”, consideró.
Agregó que en caso de ser favorable la concesión minera se garantice, además, que “la comunidad impactada sea prioritariamente beneficiada de las riquezas generadas”.
“Por otro lado, mediante Ley 66-07 la República Dominicana es un Estado Archipiélago, con 150 islas menores, todo esto es riqueza, y debemos prestar atención a nuestras aguas archipiélagos, así como también a todos nuestros parques nacionales, en beneficio de todo el ecosistema”, recalcó la aspirante a la Defensoría del Pueblo.
Opinó, asimismo, que el Defensor del Pueblo es parte de los órganos constitucionales, que dentro de un sistema de “contrapesos”, está llamado a controlar recíprocamente y garantizar así la solidez del modelo democrático de Estado”.
Consideró el rol de esta institución, como el de “un extra-poder, junto con el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, y la Junta Monetaria”.
