El Día 
Santo Domingo.- La Asociación de Empresas de Seguridad (Adesinc) dijo que los 22 mil guardianes de los socios de esa organización aportan al país 82 millones de horas de seguridad al año, que es un cuerpo de seguridad contra la delincuencia comparable con el 64% de todos los miembros existentes de la Policía Nacional y mayor a la cantidad del personal de seguridad que se está desplegando para el Operativo Navidad Segura 2017.
El vicepresidente ejecutivo de Adesinc, Salvador Montas, consideró que las denuncias generalizadas del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada generan intranquilidad a la ciudadanía y descredito al sector de seguridad privada formal, ya que no identifica las empresas que están siendo sometidas por delitos contra la ley de Armas y no diferencia el sector formal del sector informal.
Montás señaló que el general Amílcar Fernández, Superintendente de Seguridad Privada, ha generado un ambiente de intranquilidad en la ciudadanía, al declarar de manera generalizada que las empresas de seguridad privada usan armas de fuego ilegales para realizar sus funciones, aseveración especialmente delicada ya que conoce el detalle de quienes son los infractores, pero no los identifica.
“Es casi un acto de irresponsabilidad hacer estas declaraciones de manera generalizada, quizás con el interés de impulsar el Proyecto de Ley de Seguridad Privada que cursa en el Congreso Nacional, frente al cual siempre hemos expresado que entendemos el interés de que haya mayor regulación y abogamos para que exista un equilibrio entre la tutela efectiva del Estado, la garantía de los Derechos establecidos en la Constitución y las Leyes, pero siempre enfocando políticas que fomenten el crecimiento y la sostenibilidad del sector de la Seguridad Privada de la República Dominicana” , expuso.
El vicepresidente ejecutivo de Adesinc reiteró especialmente su oposición a que a los servicios de vigilancia se le añadan nuevos impuestos y cargas que encarezcan los servicios de seguridad privada.
“Tenemos que comprender que no vivimos en el pasado, sino en un Estado social y democrático de derecho; que los debates de las ideas y la sana crítica son útiles para reforzar el proyecto de ley propuesto, con el cual estamos de acuerdo en gran parte, y que más que la imposición, lo correcto y adecuado es arribar a un consenso, escuchando a todas las partes”, expresó Montás.
Manifestó que hoy en día apenas uno de cada tres vigilantes es formal, a pesar de que han pasado 35 años de existencia de la entidad reguladora de empresas de seguridad privada, hoy en día, Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada, y que en ese periodo de tiempo, lamentablemente ha crecido la informalidad, demostrando una evidente disfuncionalidad institucional.
Montás sostuvo que la citada disfuncionalidad ha provocado que se pierdan más de 60 mil plazas de trabajo formales a través de los años, y que estas se han movido a la informalidad.
Al aclarar las referidas declaraciones formuladas por el Superintendente, dijo que entre los miembros de la Seguridad Privada, y especialmente las empresas asociadas a Adesinc, se realizan millones de horas de servicios de seguridad con muy pocas incidencias, por lo que consideró inapropiadas las generalizaciones en las declaraciones de un representante investido de la autoridad, como es el Superintendente.
Dijo que “hoy en día uno de cada tres vigilantes es formal, y entre los informales, el 57% no ha recibido ningún tipo de entrenamiento, y en alrededor de un 70% no se le realizan pruebas de depuración psicológica, doping (drogas) o evaluación médica, y el 30% de los vigilantes informales son extranjeros”.
Montás indicó que estas informaciones se basan en el estudio sobre el “Impacto económico sectorial del proyecto de ley de seguridad privada”, realizado por Deloitte.
