En República Dominicana vivimos en un Estado de derecho.
Eso significa que respiramos un ambiente democrático. Por nada del mundo podemos retroceder y pasar de un Estado de derecho a un Estado de irrespeto de los derechos que raya en el vandalismo.
Esa situación se vivió, por momentos, en el enfrentamiento ocurrido ayer en el entorno del Congreso Nacional, cuando partidarios y detractores de la explotación minera en loma Miranda convirtieron ese espacio en un virtual campo de batalla.
Estamos de acuerdo en que colectivos sociales y núcleos de ciudadanos defiendan causas legítimas, sobre todo cuando tienen que ver con el futuro inmediato del país.
Ahora, en lo que no podemos transigir es en que se usen una causa y un espacio de reclamo legítimo para degradar fórmulas y exigencias.
Los episodios vividos indican que todavía nos falta madurez. Nos falta insistir en el diálogo, en negociaciones más civilizadas y que nos lleven a consolidar los derechos y las condiciones que emanan de vivir bajo un régimen democrático.
La situación que se dio ayer, colindante con manifestaciones y actos de barbarie, no puede repetirse.
