Más de RD$3,000 millones permanecen retenidos por el Estado dominicano, a pesar de que la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos establece que el 15% de los bienes y recursos decomisados debe ser destinado a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) que trabajan en la prevención y tratamiento de las adicciones en el país.
Las organizaciones, agrupadas en el espacio “La Semanal de las ASFL de Prevención y Tratamiento de las Adicciones”, recordaron que esos fondos, correspondientes al período comprendido entre 2020 y septiembre de 2023, siguen sin ser distribuidos, en violación de lo que dispone la ley y en perjuicio directo de miles de personas y familias que luchan contra las adicciones.
En un comunicado público, las ASFL urgieron al presidente Luis Abinader a cumplir con los compromisos asumidos hace cuatro años, cuando prometió apoyo institucional y la creación de un modelo de alianza estable entre el Gobierno y las organizaciones comunitarias que trabajan en la reducción de la demanda de drogas.
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“El presidente Abinader se comprometió a brindar apoyo de urgencia antes de cerrar el año 2024 y a definir un modelo de alianza más estable a partir de 2025. Sin embargo, ha pasado un año desde entonces , y cuatro desde que iniciamos este diálogo, sin que esas promesas se materialicen”, expresaron las entidades. Las organizaciones advirtieron que, mientras tanto, los centros de rehabilitación y programas de prevención operan con recursos limitados, pese a ser “las únicas que están al lado de las personas más vulnerables del país”.
“Es una gran injusticia que parece no tener fin. Resulta desalentador que se nos ignore, aun cuando se retienen fondos que por mandato de la Constitución y la ley nos corresponden”, señalaron en el documento.
Las ASFL insistieron en que la salud mental y el consumo problemático de sustancias están estrechamente vinculados, y que ninguna política de seguridad ni salud pública será efectiva sin fortalecer la prevención y el tratamiento.
Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo y la concertación, pero advirtieron que continuarán demandando públicamente hasta que sus reclamos sean atendidos.
“Cumplir y hacer cumplir las leyes es un mandato constitucional. Seguimos esperando que las palabras del presidente se conviertan en hechos, en beneficio de los más vulnerables de nuestra sociedad”, concluye el comunicado.Este artículo fue publicado originalmente en El Día
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Dayana Acosta
Periodista dominicana con maestría en Comunicación Corporativa y Gerencia Hospitalaria y Seguridad Social. Apasionada de la investigación y de contar historias con propósito.
